ESCUCHARPrácticamente la totalidad de los internos que se encuentran alojados en la cárcel de Bouwer permanecían ayer en huelga de hambre, en reclamo de diversas mejoras en sus condiciones de detención.
La decisión de los reclusos, que comenzó siendo una medida que incluyó a unos 500 presos el lunes último, se extendió en pocas horas hasta alcanzar la cifra de 1.885 detenidos, sobre una capacidad total de 2.077 que tiene dicho penal.
A través de un petitorio dirigido al Poder Legislativo y al Ministerio de Justicia, los reclusos reclamaron -entre otras cuestiones- la conmutación de penas, la agilización de las causas penales, la derogación de la ley Blumberg y la construcción de un nuevo módulo para alojar a los procesados. La medida de fuerza vino a agravar la situación que en materia carcelaria está viviendo la provincia de Córdoba desde hace algunas semanas. Vale recordar que días atrás un grupo de guardiacárceles se acuarteló para exigir mejores sueldos y, posteriormente, unos 150 presos se amotinaron y tomaron rehenes en la ex Encausados, que depende de la Policía.
En el marco de la huelga de hambre iniciada por los internos, el juez de Ejecución Penal Nº3, Gustavo Arocena, asistió ayer al mediodía al penal de Bouwer para interiorizarse de la situación y en diálogo con Comercio y Justicia aseguró que si bien la situación en la cárcel era tranquila y la protesta se desarrollaba en forma pacífica, se mostró preocupado por la cantidad de presos que se plegaron a la protesta.
“Nunca sabemos cómo pueden terminar estas cosas; estaba todo tranquilo, entregaron un petitorio y ahora habrá que ver qué sucede”, explicó.
Razones
La instrumentación de una política penitenciaria seria y a largo alcance y la disposición de medios económicos para poder materializarla son, según Arocena, algunas de las razones que han provocado los últimos acontecimientos ocurridos en las cárceles cordobesas.
“Que no tengamos una verdadera política criminal deriva en que siempre se esté trabajando sobre la base de la coyuntura y que los problemas de base se mantengan. Que el Gobierno destine plata sin una política penitenciaria no tiene sentido, pero diagramar un política penitenciaria sin plata tampoco lo tiene”, aseguró.
Para el magistrado, la falta de esta política penitenciaria tiene directa relación con los tiempos de gestión de los gobiernos.
“Una política de largo alcance significa ver la repercusión en cinco o diez años; los tiempos de la gestión política corren a distintas velocidades de los que requieren las políticas de largo alcance”, opinó.
Reclamos
Una atención médica adecuada y la posibilidad de acceder a trabajar sin quedar fuera de los cupos disponibles que tienen los penales figuran entre los principales planteos que los internos reclaman ante los tres juzgados de Ejecución Penal que tiene la ciudad de Córdoba. A juicio de Arocena, se trata muchas veces de reclamos de difícil solución.
“Se hace muy complicado trabajar porque nuestro rol es hacer que se respeten las garantías fundamentales del recluso y muchas de esas garantías fundamentales presuponen determinadas condiciones materiales que no están dadas. Si la cárcel está en condiciones paupérrimas no puedo solucionar ese reclamo legítimo del recluso; lo mismo ocurre con la f
