ESCUCHARSe trata del caso “dólar futuro”. El procurador General interino reclamó que la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner y quien fue su ministro de Economía, Axel Kicillof, enfrenten el debate oral
En junio del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ratificó el sobreseimiento de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros funcionarios, en la causa denominada “dólar futuro”, por inexistencia de delito.
Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña declararon inadmisible la apelación presentada por el fiscal Raúl Pleé para que el caso llegara a la Corte Suprema.
Indicaron que para admitir la revisión por la Máxima Instancia era “menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido”, y estimaron que ello no se probó en el caso.
Consideraron además que el fiscal basó su impugnación en la reedición de agravios que tuvieron adecuada respuesta, y los definió como “meros juicios discrepantes del criterio adoptado”.
Ahora, el procurador General interino Eduardo Casal solicitó que se revoque el cierre de esa causa.
Casal dictaminó que el caso debe ir a juicio oral; ello así, según consideró, porque es el ámbito propicio para, con la mayor celeridad posible, “escuchar e interrogar personalmente a los testigos y a los peritos” y “analizar exhaustivamente las diversas pruebas en conjunto, de manera armónica”.
En esa línea, entendió que la sentencia de la CFCP carece de sustento suficiente y “merece ser descalificada en los términos de la doctrina de la arbitrariedad”.
Para Casal, la crítica de la cámara al fallo del tribunal oral por -según opinó- no responder al planteo defensivo vinculado con “la supuesta naturaleza política y ajena al control judicial” de las conductas atribuidas a los encausados, es contraria a las reglas de la lógica, en la medida en que la conclusión sobre ese punto está subordinada a la previa decisión sobre la licitud o ilicitud de los actos.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia de dirigentes de Juntos por el Cambio -entre ellos Mario Negri y Federico Pinedo- y llegó hasta la etapa de juicio oral. Sin embargo, un peritaje concluyó que los contratos de operaciones de dólar a futuro en el tramo final del gobierno de Fernández de Kirchner no generó perjuicio.
Así, a cinco años de su inicio, el expediente fue desestimado.
Además de la vicepresidente y del mandatario bonaerense, resultaron beneficiados con la medida Alejandro Vanoli, Pedro Biscay, Sebastián Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Paván, David Jacoby, Cristian Girard, Germán Feldman, Alejandro Formento y Flavia Marrodán.
La denuncia de un grupo de diputados del PRO y del radicalismo sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.
A criterio del fallecido juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el Rofex y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares.
En mayo de 2016, Bonadio procesó a Fernández de Kirchner, Kicillof y a los ex responsables del Banco Central.
Aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos.
La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.
A raíz del pedido de la defensa de Pesce, al que adhirieron otros imputados, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) ordenó un estudio contable.
Los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte, Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño, se reunieron con los expertos de parte, analizaron la documentación y contestaron preguntas del tribunal.
Sostuvieron que las operaciones de liquidación de dólar futuro se detallaron en los balances del Central al 31 de diciembre de 2015 y 2016, que reportaron ganancias de $147.116.885.000 en 2015 y de $67.448.520.000 en 2016.
Las defensas de los ex responsables del banco pidieron el sobreseimiento.
Los jueces Jose Michilini y Ricardo Basilico rechazaron el reclamo argumentando que el fiscal mantenía la acusación con base en otras pruebas y que no todos los acusados lo habían solicitado.
El juez Adrián Grumberg votó por cerrar el caso y se apartó porque no iba a cambiar su postura.
Fernández de Kirchner y Kicillof apelaron ante Casación.
El 13 de abril de 2021, la Sala I de la CFCP sobreseyó a todos los imputados arguyendo que las cuestiones de política económica no son judicializables.
Pleé apeló. Dijo que la sentencia de Casación le produjo un gravamen al Ministerio Público porque cerró definitivamente la posibilidad de cuestionar lo resuelto “mediante una sentencia arbitraria”.
El superior de Pleé, Casal, tomó sus argumentos y reclamó en un dictamen ante la Corte llevar a juicio a todos los encartados.
La decisión quedó así en manos de los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
