Organizaciones abogadiles y empresariales buscan “despartidizar” el Consejo de la Magistratura

Entidades profesionales de abogacía, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y universidades presentaron ayer un anteproyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, con el objetivo de “profesionalizar y despartidizar” el órgano.

Ayer, en conferencia de prensa, Alberto Garay y Cecilia Mairal, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos; Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), y Guillermo Lipera, secretario del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentin (IDEA), dieron los principales puntos del anteproyecto que será presentado al Senado de la Nación. Destacaron que es el único proyecto apartidario desde su origen, ya que fue ideado por el Colegio de Abogados de CABA y Fores, y cuenta con el aval de 29 organizaciones de la sociedad civil compuestas por abogados, académicos, empresarios y agrupaciones sociales.

Sobre la integración del Consejo de la Magistratura, la iniciativa reduce la cantidad de consejeros de sectores políticos partidarios “respetando el equilibrio entre los distintos estamentos”. “Se profesionaliza el Consejo mediante representantes idóneos con dedicación exclusiva y sin reelección para evitar la acumulación de poder”, adelantaron.

Proponen sostener la integración de 13 miembros, con la siguiente distribución:

Poder Judicial, cuatro representantes: El presidente de la Corte de Justicia de la Nación y tres jueces. “El presidente de la Corte preside el Consejo en su condición de titular del Poder Judicial de la Nación, reafirmando que la Corte es la cabeza del Poder Judicial centralizando la conducción en este poder del estado nacional”. Órganos políticos resultantes de la elección popular, cuatro representantes: Uno por el Poder Ejecutivo y tres diputados nacionales elegidos por tres bloques distintos. Se excluye a los Senadores que ya participan del proceso de selección de magistrados al prestar el Acuerdo al pliego del candidato. Abogados, cuatro representantes: dos por la ciudad de Buenos Aires y dos por las provincias. Académico, uno: elegido por la totalidad de los profesores titulares de Derecho de Facultades Públicas y Privadas.

En la letra de la iniciativa se “reafirma la autarquía financiera del Poder Judicial de la Nación fortaleciendo su independencia respecto del oficialismo de turno. Se garantiza la paridad de género en la integración del Consejo”.

Respecto al proceso de selección de magistrados, los voceros del proyecto, sostuvieron que la idea es concursos más objetivos con base en el mérito de los postulantes. En ese sentido, proponen “eliminar la discrecionalidad política en las entrevistas que no podrán alterar el orden de mérito”.

“La probidad, la conducta y la idoneidad son el fundamento de la selección de magistrados en concursos públicos de antecedentes. La entrevista personal deja de ser instrumento de distorsión política en el orden de mérito en los concursos”, detalla el documento.

Además, se establecen plazos obligatorios a fin de dar celeridad a los procesos de selección de magistrados. El Poder Ejecutivo cuenta con 30 días para elevar pliego y el Senado 90 días para aprobarlo. Además, “se garantiza el proceso de participación ciudadana y audiencia pública”.

Tribunal de enjuiciamiento Se establece un plazo máximo de seis meses a partir de la denuncia para solicitar la remoción de un magistrado. Vencido el lapso se archiva el expediente. Se propone un tribunal permanente “que decida de manera objetiva en audiencias orales y públicas”.

¿Qué dicen los impulsores de la iniciativa?

Empresariado. Guillermo Lipera, secretario de IDEA, destacó: “Este anteproyecto que presentamos los profesionales junto a la sociedad civil, tiene como principal eje el propósito de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”; y sostuvo que "es necesario contar con instituciones sólidas para generar confianza y lograr una Argentina sostenible en el largo plazo".

Abogados. Alberto Garay del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que la iniciativa “busca que se respete la división de poderes efectiva y el estado de derecho. Queremos una justicia eficiente y al servicio del bien común, no sospechada de proteger poderes o intereses particulares. El Consejo de la Magistratura es la clave para recuperar las instituciones y jueces independientes e idóneos, con solvencia moral y jurídica”.

Organizaciones profesionales. El presidente de Fores, Alfredo Vítolo, diferenció el anteproyecto de aquellos en trámite en el Congreso: "Esta iniciativa busca rescatar la intención del Constituyente de 1994, procurando la reducción de la influencia de la política partidaria en el proceso de elección y remoción de jueces. Lo que se pretende es lograr ese ‘equilibrio’ del que habla la Constitución y objetivar el proceso de conformación de las ternas de candidatos".

Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham). El CEO Alejandro Diaz sostuvo que la forma en que debe proveerse el servicio de administración de justicia constituye un reclamo social y empresarial imprescindible. “La jerarquización de la administración de justicia constituye un servicio público fundamental para la sociedad, por esta razón Amcham Argentina adhiere a esta iniciativa hoy presentada. El Consejo de la Magistratura eficiente, profesional y transparente es uno de los atributos necesarios para crear las condiciones de un país republicano que atrae a las inversiones y desarrolla empleos de calidad.

Universidades. Por medio de María Vázquez, decana del Departamento de Derecho y Ricardo Ramírez Calvo, profesor de Derecho constitucional y codirector del Centro de Estudios en Derecho Público, la Universidad de San Andrés reafirmó su aval al anteproyecto, destacando que “sigue de manera estricta los lineamientos que impone la Constitución Nacional y establece un verdadero equilibrio entre los representantes de los órganos políticos, de los jueces de todas las instancias y de los abogados. Además, permite una amplia participación en la designación de un representante del ámbito académico. Es fundamental asegurar la independencia del Poder Judicial y el anteproyecto es un paso fundamental en la dirección correcta”.

Otras entidades que apoyan: Foro de Convergencia Empresaria, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Fundación Libertad y Progreso, Coninagro, Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Argentino-Británica, la Italiana, la Sueca, la Canadiense, la Portuguesa entre otras.