La Cámara Federal ordenó reabrir la causa por el atentado de Montoneros a una repartición de la Policía Federal, en julio de 1976, que provocó la muerte de 24 personas y dejó a otras 60 heridas.
A su turno, la jueza María Servini dispuso el cierre de la pesquisa, pero la Alzada estimó que no analizó si el caso, más allá del paso del tiempo, debía investigarse bajo la hipótesis de una grave violación a los derechos humanos, como ocurrió con el caso AMIA.
También determinó que la magistrada omitió evaluar si Montoneros contó con apoyo de estados y organizaciones extranjeras.
El ataque, considerado como el más sangriento que llevó adelante la agrupación, fue perpetrado el 2 de julio de 1976, cuando una bomba detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia señala como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza, entre otros.
El autor material fue José María Salgado, un policía de 21 años que estudiaba Ingeniería Electrónica en la UBA.
En 2006, Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. El caso llegó a la Corte, que confirmó el decisorio de la sentenciante.
Sin embargo, el año pasado, un grupo organizaciones civiles -entre ellas, la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Centro de Estudios Salta- y 400 abogados se presentaron en el juzgado y pidieron la reapertura del expediente y que fuera declarado imprescriptible.
Los actores reclamaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de la organización.
La jueza rechazó in límine la petición porque consideró que la acción penal estaba prescripta.
Las agrupaciones apelaron y los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidieron anular la resolución de Servini, para que dicte un nuevo fallo.
Sobre el decisorio de Servini, opinaron que “contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido”.
“La omisión de valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso, que podrían vincularse estrechamente con lo que ha sido materia de decisión, es causal de descalificación del acto en términos de la doctrina sobre arbitrariedad de la Corte”, concluyeron.
Bajo esas premisas, los camaristas advirtieron que la instructora no valoró todas las aristas que surgen de la impugnación y que pueden estar relacionadas con la pesquisa ni el planteo sobre el posible apoyo de estados y grupos extranjeros.
Además, afirmaron que la jueza tampoco abordó la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra con los nuevos elementos propuestos por los denunciantes, o un posible caso de grave violación a los derechos humanos.
Así, la Cámara entendió que el fallo de Servini es nulo porque prescindió “considerar cuestiones previas y expresamente introducidas” sobre la maniobra denunciada, las cuales necesariamente debió merituar para “dar una respuesta suficiente”.
