Ordenan el cese de una medida de seguridad

El TSJ cordobés recordó que el control judicial de las internaciones de adultos por enfermedades mentales debe realizarse teniendo en cuenta los criterios que, inspirados en directrices internacionales, guían la normativa específica. [privado] “Insistir en la medida de seguridad por un peligro potencial que surge de la patología de base no sólo implica desconocer los estándares que rigen en la materia sino también un quebrantamiento de garantías constitucionales”. Bajo esa premisa, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar a la casación deducida por la asesora letrada de Villa María, representante promiscua de K.R., y anuló el auto dictado por el Juzgado de Ejecución Penal que dispuso mantener la internación de la joven en el Hospital Emilio Vidal Abal, de Oliva. En marzo de 2004, el Juzgado de Control Nº 8 sobreseyó a K.R. por los hechos que se le atribuían, calificados como amenazas reiteradas, coacción y daño, en concurso real, a tenor de lo dispuesto por el artículo 34, inciso 1, del Códogo Penal, y le impuso la medida de seguridad. En abril de este año, el director del nosocomio solicitó el cese de la internación, ya que el equipo tratante manifestó que la paciente estaba anímicamente estable. Los expertos manifestaron que si bien la mujer se aloja en un dispositivo alternativo intrahospitalario y convive con un paciente voluntario, sus pensiones son insuficientes para cubrir sus necesidades económicas y que, por ello, no proponían su externación sino el el levantamiento de la medida, ya que -según valoraron- no es necesaria. Al rechazar el pedido, el magistrado de Ejecución señaló que era dirimente lo dictaminado por los médicos forenses y se remitió a las conclusiones de la pericia psiquiátrica, en la cual estimaron que la interna, que padece de trastorno bipolar, aún está en “situación de riesgo” y debe continuar internada hasta que su cuadro se estabilice. Mínima suficiencia Al revocar el decisorio del a quo, el Alto Tribunal subrayó que el control judicial de las medidas de seguridad impuestas a inimputables adultos por enfermedad mental debe realizarse teniendo en cuenta los criterios que, inspirados en directrices internacionales, guían la normativa específica. Sobre este tema recordó que tiene dicho que las medidas de seguridad están guiadas por los postulados de mínima suficiencia, razón por la cual sólo proceden ante supuestos de peligrosidad para bienes jurídicos penales y en la medida en que sea la única alternativa posible ante un riesgo grave de daño inmediato o inminente para terceros, y limitadas al tiempo estrictamente necesario para hacer cesar esa situación. Así, precisó que la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26657) tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental; establece que la internación involuntaria debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y que sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud medie situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Diagnóstico Además, detalló que, en el mismo sentido, la Ley Provincial de Protección de la Salud Mental (9848) contempla “el derecho del paciente a ser tratado con la alternativa terapéutica menos restrictiva de su autonomía y libertad”, estableciendo que un diagnóstico relacionado con la salud mental no autoriza a presumir peligrosidad para sí o para terceros. Por otra parte, plasmó que un derecho penal liberal reconoce siempre un límite en el principio de lesividad u ofensividad y reiteró que la peligrosidad eventual sentada en una patología irreversible de base no puede ser la única razón fundante para denegar el cese de un medida de seguridad, dado que se estaría haciendo referencia a un criterio que se contrapone con los principios constitucionales que rigen en la materia. El TSJ puntualizó que del expediente surgían “marcadas discrepancias” entre las conclusiones a las que arribaron los profesionales del Servicio de Psiquiatría Forense, en cuanto a que la paciente es un riesgo para sí o para terceros, con lo expuesto sobre el punto en los informes presentados por el equipo tratante, que en modo alguno coinciden con las conclusiones de la pericia en la cual el a quo fundó su negativa, tomándola como único sostén. Pericia “Si bien antes de expedirse sobre el cese o no de la medida de seguridad dispuesta el tribunal debe requerir un dictamen pericial, se encuentra facultado para decidir en sentido diverso, en la medida en que funde debidamente los motivos por los que disiente y siempre que no contraponga al dictamen del profesional su opinión individual en un área ajena a su incumbencia específica”, destacó la Sala. En esa inteligencia, concluyó que el decisorio impugnado era nulo, toda vez que se sustentó en una pericia que dictaminó desconociendo las constancias de la causa e ignoró los informes del equipo terapéutico que desde hace más de 10 años está en contacto con la paciente y que ha formulado recomendaciones que, en algunos casos, se vienen implementando, como las salidas. “En síntesis, se dictaminó y se resolvió desoyendo lo dispuesto por las leyes de salud mental, en tanto expresan que la existencia de un diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir peligrosidad para sí o para terceros”, consignaron finalmente las juezas Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel y María Marta Cáceres de Bollati. [/privado]

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