ESCUCHARUna mujer presentó un amparo contra el PAMI solicitando el cambio de lugar de trabajo de su agresor, la capacitación obligatoria en género según la ley 27499 para él, el reintegro de salarios caídos y el cumplimiento estricto del protocolo de violencia de género en la institución.
El caso expuso una situación de violencia laboral y discriminación que afectó gravemente la salud mental de la actora, quien trabajaba como administrativa de planta permanente desde 2009. Durante 10 años, fue víctima de comentarios impropios y misóginos por parte de su superior jerárquico, incluyendo frases como: “qué melones”; “vení, explícame acá sentadita a upa”; “antes eras una Barbie y ahora sos una Barbie gorda” o “qué pan dulce”.
Estos episodios culminaron en un ataque de pánico mientras estaba en su puesto, lo que llevó a su psiquiatra a recomendar un cambio de lugar de trabajo. Sin embargo, tras un mes en una nueva ubicación, recursos humanos le exigió regresar al área donde trabajaba con su agresor, lo que provocó una recaída y nuevas indicaciones médicas de reposo.
En la demanda, se indicó que la violencia laboral sufrida derivó en un diagnóstico de “síndrome adaptativo mixto debido a episodios de violencia de género en el lugar de trabajo”. Aunque el protocolo de abordaje de violencia de género se activó en diciembre de 2023 y se extendió hasta marzo de 2024, la institución no adoptó medidas concretas para protegerla.
La empleadora ofreció como solución cambiar la ubicación de los escritorios en lugar de reubicar al agresor, una propuesta que la mujer calificó de “poco seria”. Además, el agresor tenía antecedentes judiciales por denuncias de acoso, persecución, daños materiales y violencia física en contextos de pareja.
El juez Walter Ezequiel López Da Silva resolvió hacer lugar parcialmente al amparo y ordenó al PAMI que se garantizara que la mujer y su agresor no compartan el mismo lugar de trabajo, que se cumpla con la ley 27499, asegurando la capacitación en género para todo el personal y, específicamente, para el agresor; restituir los salarios caídos desde noviembre de 2023 con intereses a tasa activa y aplicar estrictamente el protocolo de violencia de género de la institución.
