La obra social deberá cubrirle los gastos médicos a una persona transgénero

Las prácticas médicas incluyen depilación definitiva, voluminización y feminización facial, rinoplastia, lipoescultura y prótesis mamarias. El tratamiento busca mejorar el estado de salud y mental de la demandada, advirtieron los magistrados

El Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes ordenó a una obra social a brindar cobertura integral e inmediata a una mujer transgénero con el objeto de mejorar su estado de salud y mental .

Entre las prácticas médicas se detalló que se deberán cubrir gastos vinculados con depilación definitiva -fotodepilación de barbilla, labio inferior y superior (barba y bigote), hombros, abdomen, tórax, pubis, piernas, muslos y glúteos-; voluminización y feminización facial, rinoplastia primaria (armonización facial), mentoplastia con colocación de prótesis, blefaroplastia superior bilateral; lipoescultura abdomen completo, lipotransferencia en región glútea bilateral, mamoplastia de aumento con colocación de prótesis bilateral.

El tratamiento tiene como finalidad mejorar el estado de salud y mental debido a que la actora es mujer transgénero , que desde su infancia se autopercibe como mujer, lo que le ha generado sufrimientos diversos por muchos años y actualmente presenta problemas de autoestima generados por tener caracteres secundarios y primarios masculinos ; siente aversión a su imagen corporal, por lo que evita verse en el espejo y le cuesta bañarse, todo lo cual le ocasiona angustia, depresión, falta de autoestima, lo que influye negativamente en su vida relacional, destacó el fallo.

En la demanda se señaló que en reiteradas oportunidades se ha requerido a la demandada la cobertura reclamada, sin obtener resultados positivos. Entendió la amparista que la actitud omisiva de la obra social amenaza su derecho a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos y derechos civiles y políticos, con jerarquía supraconstitucional y, en las leyes 23660, 26743 y 23661, decreto reglamentario N° 903/2015, y normas complementarias PMO, PMOE, y demás normas en materia de salud, en la doctrina y jurisprudencia aplicables al caso, respectivamente.

A su turno, la demandada cuestionó la procedencia de la acción de amparo. Lla obra social aseguró haber recibido una intimación en fecha 29/04/2022 como primer anoticiamiento del reclamo de la actora, pero jamás recibió un pedido de autorización de alguna práctica médica previa y concreta por parte de la afiliada, por lo que resalta que no podría haber negado algo que no le había sido solicitado. Además, consideró que el reclamo efectuado por la actora resulta “descabellado”.

A la hora de dictar resolución, el juzgado evaluó la vía procesal escogida y sostuvo que el amparo “… aparece como el medio judicial más apropiado para discutir el objeto de su pretensión , dado que se da la presunción de ineficacia del sistema procesal ordinario para restablecer los derechos que se reclaman; y la existencia de una situación merecedora de tutela judicial inmediata”.

Acerca del fondo de la cuestión llamada a decidir entendió: “Nos encontramos ante una persona que siendo afiliada de una obra social (demandada) requiere una prestación determinada de la misma, reglamentada por la Ley de Identidad de Género Nº 26743 , y que a la fecha del dictado de la presente, dicha pretensión de la beneficiaria no fue satisfecha por la obra social obligada a brindar el servicio de salud, motivo por el cual se evidencia que están en juego el derecho a la salud, al bienestar, a la asistencia médica y a la subsistencia digna de una persona que padece una afección ocasionada por la falta de correspondencia entre el aspecto físico de su persona y su identidad de género autopercibida ”, calificándolos como “derechos inherentes a la persona humana, preexistentes a toda legislación positiva, reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, y por los tratados internacionales".

“ El Estado debe hacerse cargo del costo de los tratamientos de las personas transgénero no solamente porque está en juego su derecho a la salud (…)sino porque la adecuación del género permite rescatar de la marginalidad social a personas que han caído en ella c omo consecuencia de su disforia y de este modo, fomentar la elevación de su calidad de vida, de sus niveles de salud física y mental, evitar difusión de dolencias infecciosas, prolongarles la vida, abrir proyectos para que la única opción de vida deje de hallarse en los bordes de la legalidad o en el campo de arbitrariedad controladora y, en definitiva, evitar muertes, violencia y enfermedad ”, puntualizó el fallo.

A partir de lo expuesto, consideró que, siendo la parte demandada una obra social debidamente instituida, por imperativo legal, debe respetar las prestaciones básicas determinadas según la ley nacional mencionad a. Consecuentemente debe otorgar todas las prestaciones sanitarias y sociales integrales, en cuidado tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas en función de la identidad autopercibida como un elemento central de la dignidad de las personas” reconociendo, a renglón seguido, “el derecho a gozar del más elevado nivel de salud posible ” como vinculado a la dignidad de las personas y el derecho a la igualdad ante la ley.

Finalmente, evaluó la conducta de la obra social demandada considerando que, al omitir responder de alguna forma a la intimación, negó la posibilidad a tratamiento alguno solicitado poniendo en riesgo la salud, la calidad de vida y la subsistencia digna de la actora, siendo inadmisible dicha circunstancia .