La figura es clave en la vida institucional del país, ya que su función es garantizar que la población, en un sentido colectivo, acceda a la Justicia. En 2014, la CIDH instó al Estado argentino a seleccionar al abogado. La Corte hizo lo propio en 2016, con motivo del denominado “tarifazo”
En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, parlamentarios de la oposición reclamaron que el Gobierno federal avance en la designación del defensor del Pueblo de la Nación.
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