Luego de varias postergaciones, durante los próximos días el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso nacional el anteproyecto del nuevo Código Penal (CP), que tipifica como delitos acciones que ocurren en el marco de manifestaciones en la vía pública.
Se trata de la acción de arrojar elementos que pudieren causar lesiones o muertes, con una pena de hasta dos años de prisión que se puede elevar a tres cuando el ataque sea contra miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función.
Además, el nuevo articulado contempla sanciones para quienes detengan o entorpezcan la marcha de medios de transporte públicos o privados.
El texto, elaborado por una comisión de especialistas liderada por el camarista de la Casación Mariano Borinsky, tiene 540 artículos.
Otra reforma que deberá debatir el Legislativo es la figura agravada para los extranjeros que utilicen documentación falsa y para quienes, habiendo sido expulsados del país como consecuencia de una sentencia condenatoria, incumplan la prohibición de reingreso al país.