ESCUCHARSe registró un nuevo ataque por reivindicaciones de mapuches en el paraje Los Repollos, ubicado a pocos kilómetros al norte de El Bolsón, sobre la ruta nacional 40.
Dos hombres encapuchados irrumpieron en el complejo turístico Kumelén y sorprendieron a los propietarios cuando dormían. Portaban armas de fuego y robaron dinero e intentaron incendiar el lugar arrojando combustible.
Los hombres dispararon al aire mientras escapaban y dañaron el vehículo particular del denunciante, un Renault Capture con el que pretendieron fugarse antes de desistir y seguir a pie.
El dueño del inmueble sufrió quemaduras cuando evitó la propagación del fuego, está internado y deberá someterse a una cirugía reconstructiva.
Horas después del atentado, los emprendedores turísticos encontraron una nota que dejaron los agresores.
En el escrito, en el que figura la sigla de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), se exige la liberación de “los presos políticos mapuches” y se justifica el atentado “por la unidad nacional en el weichan y contra el capitalismo winka, la industria turística que usurpa la cordillera”.
El texto también dice: “Fuera Lewis, Benetton, plantaciones de pinos, petroleras, mineras del territorio mapuche”.
El escrito es similar a otros que fueron encontrados luego de arremetidas similares.
En octubre del año pasado, la escalada de violencia en el sur del país llegó a un punto crítico: renunció una fiscal que interviene en causas claves, pero el procurador la sostuvo.
Horas antes de la dimisión de la funcionaria, en El Bolsón, una embestida de un grupo mapuche destruyó las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón.
Los autores dejaron escritos con amenazas para el intendente de la localidad y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
La funcionaria fustigó lo que definió como “ataques a la institucionalidad” de la Provincia que ponían en peligro la vida de las personas y volvió a pedirle ayuda a la administración nacional.
Paralelamente, adelantó que Río Negro denunciaría lo sucedido ante la Justicia federal, en el marco de una acción ya presentada por la Fiscalía de Estado local.
Se trató del tercer atentado incendiario que se registró en la jurisdicción en un mes. El primero dejó en ruinas el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón. El segundo destruyó una vivienda ubicada en instalaciones de Vialidad Nacional, en Bariloche. Durante la comisión del hecho, los perpetradores agredieron y maniataron al cuidador del predio, quien residía en el inmueble, y a su familia.
Sylvia Little, la agente interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó que se investigara la existencia de una organización destinada a imponer ideas por la fuerza. Formuló el requerimiento de instrucción luego de los dos primeros incendios intencionales que se adjudicó la organización RAM-MAP -UAL Nahuelhuapikeche.
Lo hizo tras la exposición a la que se refirió Carreras, formulada por los fiscales de Estado y de Estado Adjunto rionegrinos.
El escrito de los agentes detalló que durante la noche del 3 de octubre de 2021 ocurrieron en la zona dos sucesos de “confeso contenido de coerción ideológica e intimidatoria” que habrían sido ejecutados coordinadamente “por un grupo cuyo objetivo consiste en imponer en forma violenta sus ideas políticas”.
Precisaron que, si bien en estos casos intervienen las dependencias del Ministerio Público Fiscal provincial pertinentes, hay una organización que busca “promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución, por considerarlo ilegítimo”, procurando compeler “mediante la violencia y el terror” a acatar sus opiniones. También alegaron que los miembros del grupo mapuche materializarían “una persecución por odio racial” hacia los “winkas”; esto es, hacia el conjunto de ciudadanos “no mapuche”.
Little consideró que se estaba ante la posible comisión de un delito de acción pública, en infracción al artículo 213 bis del CP, que sanciona acciones cuyo fin principal o accesorio sea imponer ideario propio o combatir el ajeno por la fuerza o el temor, con el agravante previsto por el artículo 2 de la ley 23592, de Penalización de Actos Discriminatorios. Por ello, reclamó que se declarara la competencia del fuero Federal en la causa.
En plena escalada de violencia y antes del tercer atentado, Little renunció.
Antes, la magistrada subrogante Silvina Domínguez sobreseyó a María Nahuel, encausada por las usurpaciones en Villa Mascardi.
Nahuel había quedado imputada en 2017. Durante la audiencia le tiró un lapicero a Little. Quedó incriminada por esa agresión y por entorpecer la investigación en otro expediente, uno de los tantos anexos al que se tramita por las tomas de terrenos por la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Little tomó el control de la fiscalía en 2017. Según reportes de medios nacionales, resolvió volver a su puesto como secretaria abrumada por la falta de avances en las actuaciones por usurpaciones y cortes de rutas.
La agente tuvo un rol destacado en la causa principal por la usurpación de tierras de Villa Mascardi, perpetrada a fines de noviembre de ese año. Mantuvo en pie la pesquisa cuando la Administración de Parques Nacionales había decidido no avanzar.
Una vez que tomó conocimiento formal de la determinación de Little, el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la respaldó y ella decidió que seguiría en el puesto.
El jefe de los fiscales destacó la labor que venía realizando la agente “en una jurisdicción con una conflictividad particular” y, mediante una resolución, conformó un equipo especial de apoyo.
