ESCUCHARHabrá ocho magistrados para 12 juzgados hasta que las disputas políticas cesen o se moderen y el Consejo de la Magistratura de la Nación se reactive
El juez federal porteño Luis Rodríguez (Juzgado 9) se jubila y habrá otro despacho vacío en Comodoro Py.
Con el retiro del sentenciante, de los 12 juzgados que tiene la Justicia federal porteña, solo ocho tendrán magistrado.
A la fecha hay tres vacantes: una por la renuncia de Sergio Torres para irse a la Suprema Corte bonaerense, en 2019; otra por la muerte del juez Claudio Bonadio, en 2020, y la tercera por la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, también en 2020.
Ercolini
Ayer, el juez Julián Ercolini fue sorteado para seguir a cargo del Juzgado Federal 11, que encabezó el fallecido Bonadio.
Tras desempeñarse dos años en el puesto, la subrogancia se renovó mientras la titularidad del tribunal sigue vacante por la falta de definición de los concursos de rigor por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).
Por lo pronto, Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 3, subroga el Juzgado 6, y Ariel Lijo, que tiene bajo su órbita el Juzgado 4, está al frente del Juzgado 12.
De los nueve magistrados que actualmente trabajan en primera instancia, cuatro se excusaron para no ser incluidos en el sorteo en el que resultó designado nuevamente Ercolini.
Se trata de de Rafecas, por estar ya a cargo del Juzgado 6; de María Servini, titular del Juzgado Federal 1, que este año estará al frente del operativo por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de Marcelo Martínez de Giorgi (Juzgado 8), quien explicó que no podía subrogar por razones personales y laborales, y de Rodríguez, que por razones privadas no participó de los últimos sorteos.
Aunque maneja dos juzgados, Lijo no se excusó. No obstante, de haber sido elegido, la ley de subrogancias le hubiera permitido justificar que no podía asumir las tareas de un tercero, pero no fue necesario porque salió la bolilla de Ercolini.
Participaron también del sorteo Sebastián Ramos, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello.
2020
Rodríguez fue poco a su despacho desde que volvió la presencialidad tras el apagón judicial de 2020.
Sin Rodríguez, habrá ocho magistrados para 12 juzgados hasta que las disputas políticas cesen o se moderen y el CMN se reactive.
Rodríguez desembarcó en Retiro en octubre de 2012. Antes estaba al frente de un juzgado de instrucción penal ordinario. Llegó a Comodoro Py en la misma camada que Martínez de Giorgi, Ramos y Casanello, que ya eran secretarios federales.
Intervino en las amenazas de muerte al fiscal Alberto Nisman, elevó a juicio una causa por antisemitismo contra el dirigente Luis D’Elía y sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia.
Durante la anterior administración, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la detención del por entonces diputado Julio de Vido por el expediente “Río Turbio”, Rodríguez denegó la solicitud.
El agente apeló ante la Cámara Federal que, por mayoría, ordenó el pedido de desafuero y detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo.
Fue el fallo que se dio a conocer como la “doctrina Irurzun” y que más tarde dio pie para que jueces de instrucción pidieran prisiones preventivas amparados en lazos funcionales.
En el marco del expediente “Cuadernos”, el fallecido Bonadio avanzó sobre el dinero que manejó el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y terminó quedándose con la causa que Rodríguez llevaba desde 2013, con datos sobre casi una veintena de propiedades y cuentas offshore de testaferros de Muñoz que quedaron al descubierto tras los “Panamá Papers”.
En 2018, al quedar detenida, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, aseguró como arrepentida lo que le habría dicho su marido, ya fallecido: que vio su abogado, Miguel Pló, pagar una coima para que el Rodríguez frenara la investigación sobre más de 70 millones de dólares que movió el ex secretario de Kirchner hacia el exterior.
En 2020, el fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la denuncia, terminó pidiendo archivar la causa contra Rodríguez. “No se pudo demostrar ninguna situación ilustrativa de ayuda o beneficio procesal indebido a favor del matrimonio Muñoz-Pochetti”, estableció. Casanello admitió su solicitud.
