No admiten recurso de casación de quien se halla denunciado en un proceso de violencia familiar

El tribunal ponderó que las resoluciones dictadas en esta materia son siempre provisorias y dictadas a fin de monitorear la situación del conflicto y que sus prórrogas no afectan al solicitante

La Cámara de Familia de Segunda Nominación de Córdoba rechazó la concesión del recurso de casación interpuesto por un denunciado en contra de una resolución recaída en un proceso de violencia familiar, al indicarse que estas resoluciones no son sentencias definitivas susceptible de casación, y argumentar que las resoluciones judiciales vinculadas a la intervención jurisdiccional que regula la Ley de Violencia Familiar -que son “tutelas anticipadas” de “sesgo autosatisfactivo”-, no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, no hacen cosa juzgada material ni -tampoco- son susceptibles de generar un gravamen irreparable dado la mutabilidad de la cuestión tratada.

El tribunal integrado por los vocales María Eugenio Ballesteros, Graciela Melania Moreno de Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni, al analizar la casación presentada por el demandado tras el rechazo del recurso de apelación, reparó en que las resoluciones judiciales vinculadas a la intervención jurisdiccional que regula la Ley de Violencia Familiar tratan de un proceso monitorio y sumario, que cobra virtualidad mediante la respectiva denuncia que habilita la urgente cautela por parte del órgano judicial con la principal finalidad de hacer cesar perentoriamente la situación de violencia.

Por ello, el tribunal estimó que la resolución cuestionada no sólo no reúne los recaudos de admisibilidad formal exigidos por los mencionados arts. 155 y 156 de la ley Nº 10305 -esto es, ser una “sentencia definitiva” o que obste a la promoción de otro juicio sobre el mismo objeto- sino que tampoco es susceptible de generar un gravamen irreparable dado la mutabilidad de la cuestión tratada.

Así las cosas, la cámara indicó que, no encuadrando el supuesto del caso en la hipótesis que excepcionalmente habilitaría la competencia extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia, correspondía declarar formalmente inadmisible el recurso de casación intentado, citando los precedentes TSJ “Q., D. R. - Denuncia por violencia familiar - Recurso de apelación” y Cámara de Familia de Primera Nominación “C., J. C. - Denuncia por violencia de género - Recurso de apelación”.

Fundamento I

A su vez, el fallo destacó que el recurrente tampoco ha fundamentado debidamente y conforme al artículo 154 del Código Procesal de Familia el motivo que -a su entender- habilitaría la instancia casatoria, limitándose a reiterar una vez más los argumentos vertidos al apelar las tres resoluciones, agravios que fueron debidamente abordados en el auto ahora cuestionado.

En ese sentido, la cámara entendió que al tratar los recursos de apelación interpuestos en contra del proveído que rechazó la producción de prueba con fundamento en la naturaleza del proceso, y contra las prórrogas de las medidas, el tribunal atendió la queja referida al alegado atentado a su honor y al derecho de defensa.

Además, la alzada remarcó que, en consonancia con lo indicado anteriormente, se explicitó que la magistratura del fuero de Niñez, Violencia Familiar y de Género se encuentra facultada para adoptar medidas “cautelares” limitadas en su duración y alcance, es decir, provisorias y con carácter urgente.

Fundamento II

Asimismo, aclaró por qué el fundamento de las prórrogas de medidas no atribuye conductas delictivas a la persona denunciada sino que simplemente se limita a mencionar los fines previstos por los artículos 1, 2 y 20 de la ley 9283 modificada por ley 10400.

Por ello, entendió el tribunal que las críticas del impugnante lucen como un mero desacuerdo con lo decidido, inconducente para habilitar la instancia casatoria, por lo cual en el fallo se resolvió que, en el caso concreto, el decisorio que se impugna no reúne las características de definitividad antes enunciadas para habilitar la instancia extraordinaria pretendida, por lo que a tenor de lo normado por los arts. 155 y 156 de la ley 10305, ordenó que corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor L. A. C. O., con costas.