ESCUCHAR“Siempre atendiendo al peligro en la demora, este debe juzgarse a su vez conjuntamente con el perjuicio al que se verían expuestos los trabajadores nucleados por la amparista en este escenario de profunda crisis económica y de recesión que azota a la economía, lo que se traduciría en una imposibilidad de ulterior reparación”.
Bajo esa premisa, en Neuquén, los estatales consiguieron que se dicte una medida cautelar que frenó la aplicación del Impuesto a las Ganancias.
La jueza local María Victoria Bacci hizo lugar al planteo de la Asociación de Trabajadores del Estado y le ordenó a la provincia respetar las normas locales sobre convenios colectivos hasta resolver la cuestión de fondo. Con ese fin, citó citar al Estado Nacional para que opine.
Se trata de la primera cautelar que se dicta en contra de la reglamentación que efectivizó esta semana el Gobierno Nacional.
La medida se reclamó en el marco de la acción de amparo deducida por Juan Karuz, como apoderado de ATE, a fin de que la administración neuquina siga garantizando así la vigencia de normas provinciales y derechos constitucionales, convencionales y laborales de los trabajadores de la jurisdicción.
El sindicato alegó que, de lo contrario, plantearon, se verían “afectados grave e irreparablemente, en forma totalmente arbitraria e ilícita” los derechos de los trabajadores.
Sostuvo además que hay urgencia porque el Estado provincial debe liquidar salarios próximamente y sufrirían un “gravísimo menoscabo”. Argumentó también que la nueva reglamentación “avanza inconstitucional e ilegalmente sobre las autonomías provinciales y municipales” y que “viola flagrantemente el principio de ‘progresividad’ en materias de derecho social y económico”.
Así, entendió que la provincia del Neuquén tiene la obligación constitucional y legal de no aplicarla y de mantener la vigencia de la ley provincial 3378.
Según estableció la jueza del caso, existe una fuerte presunción contraria a la compatibilidad de la reglamentación con la Constitución Nacional, y añadió que que los empleados públicos de Neuquén “no se encuentran en igualdad de condiciones que los del resto del país en base a altos costos de vivir en la Patagonia”.
En esa línea, afirmó que es “evidente” que el Legislativo no tuvo en cuenta los alcances de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria.
A su turno, el Ministerio Público provincial respaldó el pedido.
