ESCUCHARLa conclusión forma parte del informe plurianual sobre encarcelamientos en cárceles federales que emite la Procuraduría de Violencia Institucional. Se elaboró con datos correspondientes al período 2017-2021
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal General Alberto Gentili, indicó que los colectivos con mayores niveles de necesidades específicas afrontan más encarcelamientos preventivos.
La conclusión forma parte del informe plurianual “Prisión Preventiva en Argentina, caracterización de la población en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”, elaborado por el área de análisis e investigaciones interdisciplinarias de la fiscalía especializada, con información del período 2017-2021.
El documento estadístico tiene como objetivo difundir datos actualizados sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal alojada en cárceles federales, con foco en la privación de libertad sin condena firme.
Además, busca promover el acceso al conocimiento vinculado a su composición de acuerdo a variables socio-demográficas y relativas a las situaciones procesales.
Según detalló la Procuvin, los niveles de encarcelamiento preventivo entre mujeres y personas transexuales y jóvenes superaron siempre al promedio general.
Jóvenes
Al respecto, precisó que en 2019, 2020 y 2021 mujeres y personas trans registraron, respectivamente, 63,40%, 57,20% y 55%, en prisión preventiva respecto del total de individuos que integran esos grupos.
A su vez, estableció que siete de cada 10 personas de la franja etaria de 18 a 21 años alojadas en establecimientos penitenciaros federales cumplen prisión preventiva.
El reporte contrasta las cifras actuales de población privada de su libertad con prisión preventiva con las registradas en años anteriores y su evolución en el transcurso del periodo analizado.
Expone que desde 2017 a 2019 la cifra de población privada de su libertad pasó de 11.874 a 14.016 y que en el mismo periodo la que carece de condena subió de 6.772 a 7.803.
En tanto, reseña que en 2020 y 2021 ambas cifras disminuyeron: la primera es 11.283 y la segunda, 5.408.
Emergencia
La Procuvin aclaró que la merma de encarcelados fue producto, principalmente, de la emergencia sanitaria.
También resaltó que la baja no impactó de manera homogénea, ya que en el caso de la población encarcelada preventivamente el descenso fue más pronunciado, acumulando una caída de 32% en los últimos dos años (2020 y 2021).
2022
Con relación a las cifras actuales, el informe señala que, a julio del corriente año, 48% de la población encarcelada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no tiene condena firme. Se trata de 5.429 personas.
Paralelamente, consigna que la medición tiene cierta correspondencia con las variaciones de la población total.
Según el relevamiento, el ámbito federal marcó los niveles más altos de encarcelamiento preventivo en cárceles federales, con 51,30% en 2021, mientras que el porcentaje de las personas detenidas en estas dependencias en esa condición a disposición de autoridades judiciales provinciales fue de 49,10%.
Desarrolla que desde 2019 la proporción de encarcelamiento sin condena firme descendió y que se advirtieron leves subas en los fueros nacional y provinciales.
El insumo de los datos que difundió la Procuvin es información publicada por el SPF sobre alojados en sus unidades.
Esto no constituye el universo total de personas detenidas a disposición de autoridades judiciales federales, dado que allí no se incluyen a detenidos bajo jurisdicción federal y nacional alojadas en cárceles provinciales o institutos penales para personas menores de edad y/u otros dispositivos no penitenciarios.
Por eso, la PROCUVIN advirtió que cuando el SPF publica información usa la variable dicotómica: procesado/a o condenado/a, pero que no especifica qué ocurre con personas sujetas a más de una causa y que pueden mantener más de un estado procesal.
Por otra parte, acotó que tampoco establece una definición de los criterios utilizados al momento de construir la categoría, sin detallar si quien es clasificado como condenado cuenta o no con sentencia firme.
