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Mosquera calificó el crimen de Blas como un hecho de violencia institucional

EX MINISTRO. Alfonso Mosquera se puso a disposición de la Justicia.
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Aseguró que constituye una de las páginas más oscuras de la Policía de Córdoba. Apuntó contra la actual jefa de ésta por haber permitido que el agente Alarcón estuviese trabajando habiendo reprobado el examen de tiro

El ex ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, calificó el crimen del adolescente Valentín Blas Correas -ocurrido durante un operativo de control vehicular en Córdoba- como un hecho de “violencia institucional y violatorio de los derechos humanos” y «una de las páginas más oscuras de la policía» cordobesa.

El ex funcionario y actual legislador se expresó así al declarar como testigo en el juicio por jurados al que son sometidos 13 policías por el crimen, cometido en agosto de 2020, y el posterior encubrimiento.

Mosquera era uno de los testigos más esperados en el juicio, luego de las duras acusaciones que realizó el ex comisario mayor Gonzalo Cumplido, quien responsabilizó al legislador de encabezar «un complot político, policial y judicial».

Ante el tribunal de la Cámara 8ª del Crimen, afirmó que cuando tomó conocimiento de los hechos le informó al gobernador Juan Schiaretti, a quien, dijo, “nunca” vio «tan apesadumbrado por la situación» en sus más de 30 años de actividad.

«Me dio directivas concretas para ponerme en contacto con la familia y llegar a fondo con este hecho aberrante”, agregó.

Encubrimiento

Según explicó, a la una de la mañana de ese 6 de agosto recibió la comunicación de lo sucedido por parte del entonces jefe de Policía, Gustavo Vélez. «Me comentó que en (la esquina de) Corrientes y Maipú se encontraba un vehículo Fiat blanco con un menor herido de arma de fuego en su interior», expuso.

Señaló que Vélez agregó que el Fiat «había eludido un control policial y el personal policial abrió fuego». El ex ministro afirmó que le pidió al jefe «que se pusiera de inmediato a disposición del fiscal y le dije que hiciera de la Policía una caja de cristal que asegurara la investigación de estos hechos».

La mecánica del hecho me alertaba gravemente como ministro del área y conocedor del hecho penal y los protocolos que regulan la actividad policial», declaró.

“Si no había intercambio de arma de fuego y si no había sido utilizado el automóvil como arma impropia no había razón para que se abriera en fuego, aun si se hubiera saltado un control policial”, añadió.

El exministro de Seguridad relató que en el transcurso de esa madrugada, Vélez le informó que habían secuestrado un arma vinculada con el trágico episodio.

Sobre ésta, plantada, aseveró que tomó conocimiento «por la versión a través de la prensa. Desde la Policía nunca se me informó que el arma había sido implantada”, afirmó.

Contra la jefa de la Policía

En otro tramo de su declaración, Mosquera sostuvo que la actual jefa de Policía de la Provincia, Liliana Zárate Belleti, es la responsable de que el cabo primero Javier Catriel Alarcón haya estado en la calle con un arma de fuego habiendo reprobado el examen de tiro.

Aclaró el testigo que la responsabilidad pasa por haber sido en su momento la directora General del Área de Recursos Humanos de la Policía.

Si bien reconoció que él la propuso como jefa de Policía (después del crimen de Blas), añadió Mosquera que desconocía que Alarcón hubiera reprobado el examen.

Más testigos

Se espera que este viernes declare el ex jefe de Policía, Gustavo Vélez. 

El miércoles pasado fue el turno de Lucas Mezzano, ex director General de Planificación Estratégica de Seguridad del Ministerio de Gobierno y “mano derecha” de Mosquera. Ante el tribunal dijo que “nunca” leyó ni se interiorizó en ese hecho y que lo único que esa cartera pretendía era que el caso “se resolviera lo más rápido posible”.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Gómez quien, según la acusación, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales impactó en Blas, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón, quien disparó en dos oportunidades.

Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

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