Los trabajadores realizan retención de tareas y anticipan una denuncia al Ministerio de Trabajo. Aseguran que la flota de automóviles que tiene la dependencia no está en condiciones de circular. El viernes pasado, a una de las «morgueras» se le reventó un neumático
Los trabajadores de Policía Judicial de Córdoba resolvieron este lunes iniciar un estricto trabajo a reglamento, en reclamo por las serias falencias que afectan la flota de los vehículos que ellos usan.
La situación es grave, según explicó a Comercio y Justicia el secretario Gremial de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), Adrián Valán.
La Policía Judicial cuenta con una flota de unos 70 vehículos para realizar diversas actividades vinculadas con el trabajo del organismo, de los cuales apenas 10 se encuentran en condiciones de circular, denunció la AGEPJ.
La medida fue tomada luego de que el viernes último, un equipo de técnicos que se dirigía a cooperar en un hecho, en la localidad de Hernando, sufrió el reventón de un neumático del vehículo en el que se trasladaba, denominado “morguera”.
Valán reveló que ese automóvil continúa prestando servicios pese a que superar 400.000 kilómetros rodados. Agregó que el neumático que sufrió la avería databa de 2007 y, aunque debía ser reemplazado, esto nunca sucedió.
“La flota sigue siendo la misma hace años, no tienen el mantenimiento adecuado y presionan a los trabajadores que se encuentran contratados para que se suban a estos automóviles que no están en condiciones de circular”, denunció Valán.
Recordó que en la última reunión con el fiscal General, Juan Manuel Delgado -en octubre de 2021-, éste les prometió comprar una nueva «morguera» y, además cederles para su uso una veintena de vehículos que tiene el Poder Judicial secuestrados. De esos 20 automóviles, sólo recibieron tres, puntualizó.
Además de la retención de tareas, el gremio anticipó a este medio que presentarán una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y reclamarán que se revise toda la flota de vehículos.
“Acá lo que hay que entender es que lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de trabajadoras y trabajadores”, precisó Valán. Además, responsabilizó al jefe de la base operativa de Policía Judicial, Marcelo Martínez, y a la jefa de Despacho, Patricia Contreras, quienes “reiteradamente obligan a las técnicas y técnicos a subirse a vehículos que no están en condiciones de circular”.
Por otra parte, Valán recordó que continúan los reclamos para que finalmente la actividad de las áreas operativas de Policía Judicial sean declaradas insalubres.
“Seguimos esperando que el Ministerio de Trabajo se expida, hace un año que el expediente está paralizado a la espera de una prueba que debe aportar el Tribunal Superior, que no llega”, subrayó; y agregó: “En total, el pedido de insalubridad lleva seis años en trámite. Estamos reclamando que el MPF (Ministerio Público Fiscal) implemente un espacio de salud donde los compañeros y compañeras del sector puedan procesar los hechos de violencia con los que trabajan diariamente, la provisión de uniformes y herramientas de trabajo en condiciones para llevar adelante el servicio de justicia que la sociedad merece».
