ESCUCHARCarlos Matheu se pondrá al frente de una ONG que se dedicará a combatir ese tipo de delitos. Consideró que no existe en la justicia de Córdoba ni en el Poder Ejecutivo una política de persecución en materia de delitos contra el medio ambiente
Por Silvina Bazterechea – [email protected]
Fue fiscal durante 25 años y desde hace más de diez comenzó a estudiar y a especializarse en los delitos de índole ambiental.
La primera cruzada de Carlos Matheu fue aquella en la que investigó la contaminación dolosa con agroquímicos en barrio Ituzaingó Anexo. Una de esas causas llegó a juicio oral y fueron condenados un piloto agroaplicador y un agricultor. La sentencia tuvo una inmediata repercusión nacional e internacional y las condenas fueron ratificadas luego por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ).
A partir de allí, el fiscal Matheu no dudó en avanzar en cuanta causa relacionada con los delitos ambientales recaía en su fiscalía. Su empeño, desempeño y conocimiento llevaron a que en junio del año pasado el propio fiscal General, Alejandro Moyano, anunciara la creación de una fiscalía especializada en Derecho Ambiental que en realidad no era otra cosa que sumarle a Matheu una nueva competencia relacionada con esa problemática. La resolución fue redactada y corregida pero luego nunca fue firmada por Moyano.
La creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales pretendía dar cumplimiento a la ley provincial 10808 sancionada en 2014. Moyano prometió avanzar en su creación pero después de aquel impulso todo volvió a foja cero.
“Me hubiera quedado 15 años más trabajando como fiscal ambiental, pero como eso no se dio, decidí dejar la carrera después de trabajar 25 años como fiscal. En total llevo 40 años en la Justicia”, remarcó el fiscal en diálogo con Comercio y Justicia.
Ya jubilado, Matheu anunció que seguirá trabajando en la temática por medio de una fundación sin fines de lucro que piensa crear para ayudar a las personas sin recursos víctimas de hechos de contaminación ambiental.
“Ha quedado demostrado que no existe en la justicia de Córdoba ni en el Poder Ejecutivo una política de persecución en materia de delitos contra el medio ambiente. No son una prioridad, pese a que se trata de causas en las cuales corre riesgo la vida de las personas”, afirmó.
Matheu, desde hoy fiscal jubilado del Distrito 4, Turno 3, recuerda con pesar el fuerte trabajo que dedicó a cada una de las causas que ha llevado adelante en materia ambiental y que aún peregrinan por los tribunales sin que los juicios orales tengan fecha cierta de inicio.
La última causa
“Yo dejo todo listo para que sea analizado por el próximo fiscal”, dijo Matheu a este medio con relación a la investigación que lleva adelante por la supuesta contaminación de las sábanas y otros elementos sanitarios en los hospitales públicos de la provincia.
Matheu indagó ayer a los cuatro imputados de la causa y defendió la tarea realizada.
Ante el cuestionamiento a la metodología que se utilizó, el fiscal señaló que las muestras fueron tomadas al azar y siguiendo todas las medidas de seguridad que requiere una toma de estas características: “En un solo día tomamos 10 y, de ellas, cuatro dieron resultado positivo”.
Matheu también respondió al Ministerio de Salud que había negado que haya “habido en algún centro de salud provincial un brote o aumento de infecciones intrahospitalarias”. En tal sentido, el ex fiscal remarcó: “Si hay una posibilidad de riesgo, aunque nadie se haya contagiado, el peligro ya está instalado. Eso es lo que la ley penal protege: evitar que se contamine el ambiente”.
“Más allá de los resultados que dieron la presencia de esta bacteria tan temida llamada Staphylococcus aureus, el tema sanitario y el lavado de ropa sanitaria es un tema que influye y es muy importante para evitar las infecciones intrahospitalarias. En este lavadero no se habían tomado ninguna de las medidas de seguridad para evitar el entrecruzamiento de bacterias”, finalizó Matheu.
Algunas causas
En 2009, la contaminación de frutas y verduras en Mercado de Abasto llevó a Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino.
En 2015, imputó a 53 empleados de la planta cloacal Bajo Grande por paralizar las actividades y provocar la contaminación del río Suquía.
En 2016, imputó a 41 empleados que trabajaban para la empresa Buspack SA de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
