ESCUCHAREl ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional. El 7 de diciembre se conocerán los fundamentos
Al cabo de más de tres meses de proceso, y luego de una larga demora de años en llegar al juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba dio a conocer ayer el veredicto en el marco de la causa en la que se juzgó por complicidad con el terrorismo de Estado a cuatro ex magistrados de la justicia federal.
Los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallido impusieron condenas a tres años de prisión para el ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal federal Antonio Cornejo, ambos condenados por “encubrimiento agravado”.
El resto de los acusados fue absueltos: es el caso del ex defensor oficial federal, Ricardo Haro, y del ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez.
Otero Álvarez estaba acusado en 92 causas. Durante la dictadura cívico-militar era secretario del Juzgado federal N° 1 a cargo del juez Adolfo Zamboni Ledesma y llegó a ser magistrado del Tribunal Oral N°1, que en 2008 condenó a Menéndez y a otros siete acusados en 2008. La fiscalía había solicitado para él siete años de prisión.
Durante el debate oral, el testigo y querellante Miguel “Vitín” Baronetto, esposo de Marta Juárez, una de las fusiladas de la UP1 fue uno de los encargados de explicar el papel que jugó Otero Álvarez. Dijo que tenía mucho más poder que “un simple secretario”. “Hubo un manejo irregular del expediente. Fijaban audiencias, no citaban al abogado. O lo citaban y las suspendían”, declaró ante el tribunal. Pese a ello, los jueces resolvieron absolverlo de culpa y cargo.
Ni Otero Álvarez ni el resto de los acusados hizo uso de uso del derecho de la última palabra.
Los fundamentos se conocerán el próximo 7 de diciembre.
La importancia del debate
El juicio de los magistrados adquirió gran repercusión pública por tratarse del primer enjuiciamiento a funcionarios judiciales que tuvieron sospechosas decisiones entre 1976 y 1983, ocultando información y desestimando denuncias. Comenzó el 25 de julio pasado y declararon 27 testigos.
Todos llegaron acusados de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que implica desde no investigar crímenes evidentes hasta aceptar como válidas declaraciones obtenidas en sesiones de tortura.
El Ministerio Público Fiscal acusó por 118 hechos que afectaron a 75 víctimas. La principal prueba en contra de los acusados fue documental y estuvo vinculada con las resoluciones firmadas por ellos mismos.
