ESCUCHARLa aprobación de un nuevo Código Penal y de un Régimen Penal Juvenil son materia pendiente
del oficialismo. Alejandra Gils Carbó y Julio de Vido están en la mira del Gobierno. El juicio
político de la procuradora y el desafuero del ex funcionario del kirchnerismo son dos de las
cuestiones inconclusas de Cambiemos. Mientras tanto, sigue el debate por la Ley de Responsabilidad Empresaria y se esboza una iniciativa que modifique la regulación en el mundo del trabajo
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Luego de las Paso, con vistas a las elecciones de octubre, Cambiemos hará todos los esfuerzos para afianzarse en el Congreso de la Nación, de manera de conseguir los votos necesarios que le permitan aprobar una serie de leyes de fuerte impacto para la vida judicial del país.
Sabido es que el Gobierno nacional trabaja en la reforma del Código Penal y que desde comienzos de año una comisión interdisciplinaria intenta darle forma al proyecto de ley. La idea sobre la cual trabajan los expertos es que las leyes especiales -tales como el Régimen Penal Tributario, la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Drogas, que hoy están anexadas al Código- formen parte del cuerpo definitivo.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, el nuevo texto del Código prevé -entre otros aspectos- la incorporación del delito de evasión fiscal simple y agravada con pena de prisión de cumplimiento efectivo, así como la figura de la organización ilícita fiscal. En relación con el contrabando, se prevén también modalidades simples y agravadas por el narcotráfico y tráfico de armas, con penas en estos últimos casos de hasta 20 años de prisión.
Por otra parte, los expertos ya se abocaron al estudio de la tipificación de las conductas relacionadas con la falsificación de documentos (DNI) y se hizo una revisión pormenorizada de los delitos contra el orden económico y financiero, estudiando las conductas ilícitas que perjudican el normal desenvolvimiento del comercio y de la industria.
Nuevas conductas como el ciberdelito, delitos contra el medioambiente, delitos urbanísticos y contra los derechos de los trabajadores, así como delitos contra la administración pública, que antes no existían, también se incorporarán al Código.
Sin embargo, la agenda judicial del Gobierno va mucho más allá. La reforma de la ley penal juvenil es otra de las batallas que intentará dar Macri en el Congreso. La baja de la edad de imputabilidad es uno de los escollos más difíciles que tiene el Gobierno para sortear. El ministro de Justicia, Germán Garavano, ya anticipó que el Gobierno está planteando la posibilidad de bajar la imputabilidad a 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones. Y, probablemente, para la franja de 15 años, en el caso de delitos que involucren el robo con armas.
Media sanción
Ya con media sanción en Diputados y en pleno debate en comisiones, el oficialismo buscará convertir en ley -quizás antes de las elecciones de octubre- la ley de Responsabilidad Social Empresaria.
El Gobierno asegura que esta iniciativa permitirá darles mayor eficiencia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción mediante la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la Administración Pública.
Se penaliza la corrupción empresarial con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones. Se introduce la figura del “Acuerdo de Colaboración Eficaz”: este recurso le da la posibilidad a una persona jurídica de aportar información o datos “precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”, a cambio de la suspensión de la persecución penal. Este punto generó fuerte discusión en Diputados y, seguramente, será un debate que se replicará en la Cámara Alta.
Cambios en el mundo del trabajo
Un triunfo contundente del oficialismo otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.
Según trascendió, la reforma laboral buscará avanzar con un amplio blanqueo, el recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, y la implementación de nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación.
Entre los aspectos más controvertidos, cabe mencionar la idea del Gobierno de avanzar en un proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.
De Vido, en la mira
Luego de las elecciones de octubre y con un Gobierno que espera salir fortalecido, el Presidente anunció que Cambiemos volverá a intentar el desafuero del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
El 26 de julio último, el oficialismo no alcanzó los dos tercios que necesitaba para expulsar al ex funcionario ya que el kirchnerismo, justicialistas y la izquierda, votaron en contra de su separación del cuerpo. Allí comenzó el debate sobre la ley de fueros y su alcance en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Enemiga número uno
Un triunfo en las elecciones legislativas podría generar el escenario propicio para avanzar con el juicio político contra Alejandra Gils Carbó.
E l juez Julián Ercolini citó a indagatoria a la procuradora el 31 de agosto y la expectativa del Gobierno es que después de ese paso, el magistrado la procese.
Macri manejó la posibilidad de desplazar a Gils Carbó por decreto. Fue Elisa Carrió quien alertó sobre la inconstitucionalidad de una medida de esa naturaleza.
