Los juzgados federales de Villa María y San Francisco siguen demorados

Si bien la creación de los juzgados federales de primera instancia de Villa María y San Francisco fue aprobada hace más de tres años con la sanción de las leyes 25970 y 25971, su puesta en funcionamiento continúa sin concretarse.
Ocurre que Córdoba no ha quedado exenta de las demoras que el Consejo de la Magistratura de la Nación ha venido manteniendo en la designación de magistrados. En rigor, en el caso particular de Villa María, el concurso para ocupar este juzgado federal del interior provincial ya ha sido realizado y las ternas de seleccionados están en el Ministerio de Justicia de la Nación, al aguardo de ser aprobadas por el Senado de la Nación y el Ejecutivo nacional, respectivamente.
La situación de San Francisco es diferente. Si bien para este juzgado quedó seleccionada como jueza federal la doctora Graciela Susana Montesi, esto nunca ocurrió porque la designada magistrada renunció al cargo antes de asumir y el puesto quedó vacante.
En este marco de situación, la puesta en funcionamiento de estas dos dependencias judiciales se encuentra trabada, siendo los únicos motivos de su paralización. Es importante remarcar que ya fue designado el personal que trabajará allí, entre ellos los fiscales y los defensores, a la vez que se encuentran alquilados los inmuebles donde se asentarán los nuevos juzgados.
Pérdidas
El retraso ha generado la preocupación de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quienes a través de una acordada se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para ponerlos en conocimiento de los inconvenientes que han ocasionado las demoras mencionadas.
En ese sentido, los camaristas hicieron alusión al dinero que el Poder Judicial de la Nación está inviertiendo, por ejemplo, en la locación de las propiedades cuyo monto asciende a $ 15.800 por mes ($9.800 por un inmueble y $6.000 por el otro). Dichos alquileres están siendo abonados, en el caso del juzgado de Villa María, desde hace un año y medio, y por el inmueble de San Francisco hace aproximadamente cinco meses.
A esto hay que sumarle los gastos por servicios e impuestos, que mensualmente se abonan por dos edificios que siguen sin habilitar.