ESCUCHARLa Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, que conduce Irina Santesteban, presentará la semana próxima una denuncia formal contra el asesor letrado de Tribunales II, José Luis Santi, por su presunta actuación como espía de los servicios de inteligencia durante la úlima dictadura militar.
La denuncia será realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales (Jury), organismo ante el cual el gremio había pedido semanas atrás la apertura de una investigación. Frente a la respuesta de ese organismo en el sentido de que no tiene potestad para tal acción, el sindicato decidió acusar formalmente a Santi, hecho que concretará la semana entrante.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, la denuncia será la primera que recaiga contra el asesor letrado, luego que trascendiera que su nombre figura en listas de personal civil de inteligencia del Ejército entre 1976 y 1983.
Además de un pedido de investigación al Jury, el gremio había solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, que hiciera lo propio. En ninguno de los casos hubo pronunciamiento alguno. Mientras tanto, Santi retomó sus actividades y continúa desempeñándose de manera normal como asesor de los penados.
¿Quién es?
Desde el mes de julio de 2002, Santi trabaja como asesor letrado en los Tribunales de Córdoba, pero ingresó al Poder Judicial el 20 de febrero de 1975. Se calcula que entre 1976 y diciembre de 1983 se desempeñaron en el Batallón 141 un total de 148 agentes de inteligencia. El nombre del asesor letrado figura en el lugar 132 de la lista, confeccionada por orden alfabético
El dato surge de información dada a conocer por el Gobierno nacional, de un documento que estuvo archivado durante 27 años, hasta que por decreto fue desclasificado.
En la nómina difundida desde Buenos Aires hay 4.300 personas sindicadas como presuntos espías de la dictadura. Del listado se desprende que 1.599 ciudadanos eran agentes civiles de inteligencia del Batallón 601, con sede en Buenos Aires, mientras que otros 2.353 cumplieron tareas en destacamentos y secciones del Ejército diseminadas en el resto del país, incluido el Batallón 141 de Córdoba. En el documento se agregan 345 militares afectados al 601, el máximo organismo de inteligencia durante el terrorismo de Estado.
Santi aparece en esa lista. Su rol habría sido el de trabajar en la averiguación de antecedentes de militancia; es decir, operar como lo que se denominaba “agente de reunión”.
