ESCUCHARLo hacen con el apoyo del Ministerio de Justicia, de la corte bonaerense y del gremio del sector. Paralelamente, se discute la autarquía presupuestaria.
Instaurar las paritarias en los poderes judiciales es un viejo anhelo y una lucha que mantienen los gremios de este sector, en casi todos los casos infructuosamente. Pese a las resistencias, la provincia de Buenos Aires podría convertirse en la primera en avanzar sobre esta cuestión, si logra aprobar el proyecto de ley que ya ingresó al Senado provincial.
La semana pasada, el propio gobernador de esa provincia, Daniel Scioli, fue el encargado de enviar al Senado provincial un proyecto para reglamentar las paritarias del Poder Judicial bonaerense.
Según se informó oficialmente, la norma regirá las negociaciones colectivas de trabajo entre la Corte Suprema provincial, la Procuración General y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y será el “primer proyecto de esta naturaleza” que se debatirá en el ámbito de la Legislatura local.
Como se sabe, en la actualidad, los aumentos de sueldos y mejoras laborales las otorgan unilateralmente los altos magistrados. Lo mismo ocurre en el resto de las jurisdicciones del país. En Córdoba, tras una lucha de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), los judiciales consiguieron “salirse” de la pauta del resto de los empleados públicos y quedar “atados” a los aumentos que van recibiendo los magistrados. Se trató de una salida “intermedia” que encontró el Tribunal Superior de Justicia mediante una acordada. Sin embargo, las paritarias son el norte que todos esperan conseguir.
“Es histórico para las instituciones que un poder, como es el Judicial, pueda de manera consensuada, regular y establecer las condiciones de trabajo en este ámbito”, manifestó Scioli al destacar la iniciativa. “Nuestra provincia se destaca por la fortaleza institucional y, sin dudas, la ley de paritarias es la consolidación de esa característica que la distingue”, agregó.
El proyecto de ley enviado al Senado fue consensuado entre el gremio mayoritario del sector, la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), y representantes de la Suprema Corte, y revisado por el Ministerio de Justicia, que lo giró a la Legislatura.
Según la letra del proyecto, para la negociación colectiva se constituirá una comisión negociadora integrada por cinco representantes de cada parte y un delegado del Poder Ejecutivo, quien no tendrá voto. En las paritarias se discutirán “todas las cuestiones laborales que integren la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las vinculadas a la prestación de servicios y condiciones de trabajo”.
Además, las negociaciones permitirán establecer una comisión permanente para discutir temas del sector, tales como la función concreta que deben cumplir los ordenanzas del Poder Judicial, compensaciones por horas trabajadas de más, licencias, ascensos y procedimientos disciplinarios, entre otros puntos.
Hacia la autarquía
El titular de la AJB, Hugo Blasco, celebró el envío del proyecto de ley, pero expresó su preocupación respecto a un punto clave: la aprobación de la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.
“Este condicionamiento puede relativizar todos los avances que se hagan con la aprobación de la Ley”, señaló Blasco al advertir de que esa iniciativa, ingresada al Senado el año pasado, se encuentra trabada por las diferentes posturas internas de los legisladores.
Sucede que en un sector del oficialismo y la oposición consideran que aprobar una iniciativa de este tenor, que “transferirá” a la Justicia el control de un presupuesto que -como mínimo- será de siete por ciento del total de erogaciones previstas por el Ejecutivo, debe resolverse en consulta con quien resulte electo gobernador en las próximas elecciones. Esta demora podría provocar un “efecto dominó” que ralentice la aplicación del régimen paritario, aun si la Legislatura aprobara rápidamente la iniciativa recientemente ingresada al Senado.
De todos modos, Blasco se mostró esperanzado de avanzar rápidamente con las paritarias y arriesgó que, en caso de demorarse la autarquía judicial, esto podría enmendarse incorporando al Ejecutivo como “parte” de la negociación.
