Los honorarios del perito de control los paga la parte que lo propuso

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó los precedentes por éste dictados en tal sentido y atendió el planteo efectuado por el Estado provincial

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió la casación presentada por el demandado Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y revocó la sentencia de la Cámara del Trabajo que había establecido que los honorarios del perito médico de control de la parte actora fueran a cargo de la accionada, estableciendo en su reemplazo que ellos sean afrontados, tal como establece el Código Arancelario, por la parte actora, que fue quien lo propuso.

El Estado provincial impugnante sostuvo que el a quo incurrió en inobservancia del artículo 49 de la ley N° 9459, y que para hacerlo brindó motivación aparente.

En tal sentido, afirmó que el dispositivo no afecta el derecho de defensa del reclamante ni vulnera el principio de gratuidad legislado a su favor, para culminar indicando que la decisión le ocasiona perjuicio patrimonial y que es lesiva del principio de igualdad y de los derechos de defensa en juicio y propiedad.

Inaplicable

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales María de las Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que el sentenciante había sostenido que el artículo 49 del Código Arancelario es inaplicable en el fuero laboral porque colisiona con garantías de mayor envergadura, como la gratuidad de las reclamaciones laborales, basándose en el artículo 23, inciso 10, de la Constitución provincial, y el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo (principio de gratuidad a favor del trabajador), que prevalecen.

El TSJ apuntó que el a quo añadió que no es trascendente que la designación del perito de control sea facultad de la parte pues se vincula con la vigencia integral del derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución nacional), con particular relevancia en casos como el examinado en la causa, en el que se litiga contra una persona que posee una estructura de asesoramiento, prestadores y equipos técnicos sobre la materia.

Bajo esas premisas, los magistrados sostuvieron que la decisión de apartarse de lo dispuesto por la norma del régimen arancelario que realizó el grado posee fundamentación aparente y se basa en generalidades que no tienen vinculación concreta con las circunstancias del caso; máxime, cuando se contradice la legislación, sin utilizar el camino que la ley prevé a esos efectos.

No indispensables

La Sala Laboral destacó, además, que ya sostiene desde antaño que la regulación arancelaria, a partir de la ley N° 8226, trata los honorarios devengados por los peritos de control como gastos no indispensables y por ello a cargo de quien los propuso, citando los precedentes dictados en las sentencias N° 3/94 y 5/14.

Asimismo, el Alto Cuerpo consideró que la gratuidad del proceso en el fuero laboral está destinada a tutelar el acceso a la justicia, derivando que nada indica en autos que ello haya estado en juego.

Luego, el fallo sostuvo que, de conformidad con el artículo 28 de la ley ritual, la parte actora debe afrontar las costas, si así correspondiere.

Por lo expuesto, el TSJ resolvió que debe anularse el pronunciamiento y disponerse que las costas devengadas por la actuación del perito médico de control sean impuestas a la parte accionante, que fue la proponente.

Autos: “Saire Martín Alfredo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Ordinario - Accidente (Ley de Riesgos)" - Recurso de Casación - 3164015. Trib. de origen: Cám. Trab. Córdoba, Sala I.