ESCUCHARLa semana pasada lo hicieron los abogados querellantes. Pidieron una pena de 17 años de prisión. Mañana será el turno de la defensa y el 16 se dictará la sentencia.
El juicio oral por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995, que dejó un saldo de siete muertos y más de 300 heridos, ingresó en su última fase. Hoy es el turno de la Fiscalía encabezada por Alberto Lozada y Guillermo Lega, quienes tendrán a su cargo el pedido de pena para los cuatro militares que llegaron imputados por el delito de estrago doloso agravado.
La semana pasada la lectura de los alegatos estuvo a cargo de los abogados querellantes, Horacio Viqueira y Auka Barbero, quienes reclamaron para los acusados la pena de 17 años de prisión.
En tanto, mañana está previsto que formulen sus alegatos los abogados defensores de los militares imputados Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto, que son Ernesto y Tristán Gavier en ambos casos, y luego será el turno de los defensores oficiales Marcelo Arrieta y Hugo Burgos, quienes representan a los otros dos acusados, Edberto González de la Vega y Carlos Franke, respectivamente.
Se espera que los alegatos de la Fiscalía sigan ejes similares a los expuestos por los abogados querellantes. Esto es, intentar convencer al Tribunal de que la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero fue intencional y que tuvo como objetivo ocultar el faltante de material bélico.
Para sostener esta hipótesis el Ministerio Público cuenta con dos pericias claves: oficial, encargada por la Justicia a docentes de la Universidad Nacional de Córdoba en 2003, que determinó que el origen del fuego no pudo ser accidental; y las pericias contables, que revelaron el faltante de material bélico.
Pese a todo, sin dudas, el escollo mayor será poder demostrar que los acusados conocían lo que iba a ocurrir o fueron responsables de las explosiones. En su alegato, los querellantes pidieron al Tribunal que se contemple a ese fin la teoría de la “autoría mediata”, habida cuenta de que no se puede esperar una prueba que evidencie la orden de alguien para planificar o causar las explosiones.
La querella pidió la pena casi máxima para el delito de estrago doloso agravado -que va de 8 a 20 años de prisión;- habrá que ver qué postura asume la Fiscalía. De no mediar inconvenientes, en principio, durante la última audiencia, prevista para el día 16 a las 9.30, tras concederles a los imputados la última palabra, el tribunal, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, dictará la sentencia.
En el juicio se juzga a los imputados Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto (eran autoridades de la fábrica); Carlos Franke y González de la Vega (integraban la conducción de Fabricaciones Militares), sin que estén incluidos el ex presidente Carlos Menem ni el jefe del Ejército, Martín Balza, quienes fueron sobreseídos, aunque la resolución fue recurrida y aún no resuelta.
Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado el ex presidente, porque “se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia)” que se intentaron ocultar con las explosiones “provocadas” en la fábrica de Río Tercero.
