El jueves se reunieron las comisiones de Salud, Seguridad Interior y Legislación Penal de la Cámara Baja y debatieron cambios en la legislación sobre estupefacientes, con el fin de analizar la posibilidad de que se despenalice el uso de la marihuana y sus derivados con fines medicinales.
En agosto, el presidente Mauricio Macri declaró que el Gobierno estaba “abierto” a la posibilidad de liberar el cannabis con destino terapéutico y el tema se instaló inmediatamente en en la agenda legislativa y, así, se debatió por primera vez la legalización del uso medicinal de la planta.
Las distintas iniciativas que hay en el Congreso, anteriores y posteriores al anuncio de Macri, se trataron en el plenario de las comisiones, en un intento por articularlas.
A la reunión asistieron representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas, la Sociedad Argentina de Cardiología y organizaciones como Cannabis Medicinal Argentina.
Antes de la reunión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (Cecca) lanzaron un documento en el cual enfatizaron que “posibilitar el acceso al cannabis para uso terapéutico y paliativo implica desarrollar políticas que colocan al ser humano en primer plano”.
Esos grupos apoyan la sanción de una ley que regule el acceso al cannabis mediante la producción nacional o importación y el cultivo individual, solidario o colectivo, por entender que una normativa de esa naturaleza garantiza el ejercicio al derecho a la salud, impide la criminalización y protege a las personas afectadas por enfermedades que no ceden con drogas legas.
El proyecto obtendría dictamen favorable esta semana, luego de la ronda de consultas, ya que la oposición, en pleno, presionó para avanzar pronto con la media sanción.
Así, las legisladoras Myriam Bregman (PTS) y Victoria Donda (Libres del Sur), quienes desde hace años “militan” el tema -sin éxito durante la gestión del kirchnerismo, pese a las promesas-, reclamaron un acuerdo al respecto antes de fin de año.
En tanto, los diputados Sergio Wisky (PRO) y Cecilia Moreau (Frente Renovador) exigieron que el debate se enfoque en el marco de la salud pública, ya que no se discute el uso recreativo.
El oficialismo busca que sea el Estado que provea el aceite de base de cannabis que usan muchos pacientes con patologías como la epilepsia refractaria, pero quiere evitar abordar el cultivo personal.
Andrew Blake, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, y Silvia Kochen, jefa del Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía e investigadora del Conicet, resaltaron la necesidad de financiar ensayos clínicos.
También se resaltó la necesidad de capacitar a los médicos y se les exigió a los legisladores aboradar con seridad un marco regulatorio.