La violencia para compeler a una persona a hacer huelga puede no ser física

Se destacó que es un derecho individual y que debe desarrollarse de manera pacífica. A su vez, el decisorio enfatizó que los principios de la libertad sindical no protegen extralimitaciones. El tribunal también indicó que la acción emprendida por los autores de los hechos investigados, instigados por el acusado, incumplió con los estándares que estableció la OIT

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la Provincia de Buenos Aires invalidó un pronunciamiento que consideró que para que se configure el tipo penal del artículo 158 del Código Penal (CP), la violencia que se despliega para compeler a un trabajador a hacer huelga debe ser sí o sí física.

En mayo de este año, la Sala IV de la Casación Penal provincial hizo lugar al recurso deducido por la defensa de Juan Pablo Medina, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) , contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Número 5 de La Plata que, en el marco de un juicio abreviado, condenó al acusado a la pena de 11 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por considerarlo instigador del delito de compelimiento a la huelga .

La Casación absolvió a Medina al estimar que no se configuraron los elementos del tipo objetivo del artículo 158 del CP.

La fiscalía presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra aquel decisorio, que fue desestimado por inadmisible.

Frente a ello, dedujo queja y la SCJ bonaerense tomó intervención en el expediente.

“Los magistrados de Casación no ofrecieron una explicación plausible dirigida a demostrar por qué los sucesos que, incluso para ellos mismos, resultaron característicos de una violencia psicológica configurativa de coacción agravada, no podrían subsumirse en el comportamiento más específico, pero evidentemente menos grave, de compulsión a la huelga”, enfatizó.

“Frente a las circunstancias comprobadas de la causa, no aparece suficientemente ponderada -o, al menos, explicada- la opinión de quienes consideran que la figura no requiere un determinado tipo de violencia -sólo física- y que, por consiguiente, la intimidación sin fuerza material podría igualmente llegar a configurar la acción típica”.

(Del fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense)

En esa línea, sostuvo que la ausencia de esa explicación evidenció una “asimetría significativa entre los dos tipos penales” y “una apreciación arbitraria de las circunstancias comprobadas y de la doctrina que fue considerada aplicable al caso”.

Recordó que en su momento, las partes, fundadamente -por fuera de la exigencia legal- y de común acuerdo, justificaron por qué consideraban correcta la subsunción legal propuesta para los hechos que surgían de la investigación en una posición doctrinaria y descartaron así otras posturas posibles, consignando que, ante tal panorama de coincidencia interpretativa, el a quo calificó los hechos endilgados en la figura del artículo 158 del CP.

Encuadre

La máxima instancia bonaerense continuó narrando que el abogado del imputado, al plantear su agravio de derecho sustantivo, pretendió el análisis de la cuestión desde un punto de vista que, a su turno, descartó, y que, sin embargo, la Casación decidió modificar el encuadre jurídico propuesto en el acuerdo de juicio abreviado “a partir de una interpretación sesgada” de la norma, con base únicamente “en una mirada histórica de los antecedentes legislativos”, desentendiéndose del contexto actual y del supuesto fáctico al cual se pretendía su aplicación en el marco de la causa.

Bajo esa premisa, aseveró que le otorgó al medio típico “violencia” un alcance impropio, desvirtuando su finalidad así como la manera en que fue concebida por el legislador.

Por otra parte, recordó que el derecho de huelga se incorporó en la Constitución en 1957, en artículo 14 bis, norma que luego de la reforma de 1994 debe interpretarse a la luz de los tratados.

“Los magistrados de Casación no ofrecieron una explicación plausible dirigida a demostrar por qué los sucesos que, incluso para ellos mismos, resultaron característicos de una violencia psicológica configurativa de coacción agravada, no podrían subsumirse en el comportamiento más específico, pero evidentemente menos grave, de compulsión a la huelga”.

(Del fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense)

La SCJ subrayó que el derecho de huelga es individual y que debe desarrollarse de manera pacífica.

A su vez, señaló que los principios de la libertad sindical no protegen extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga.

Así, determinó que fue arbitrario limitar la violencia del artículo 158 del CP únicamente a la física, pues ello desnaturaliza la norma y la vuelve inoperante , y mantuvo que la acción emprendida por los autores de los hechos investigados, instigados por Medina, incumplió las recomendaciones 649, 650 y 651 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen estándares pacíficos.

Instigador

En mayo, cuando admitió el recurso de la defensa del condenado como instigador del delito de compulsión a la huelga y lo absolvió, la Sala IV de la Casación Penal consideró probada la utilización de amenazas e intimidación por parte del encausado para hacer que otras personas participaran de la huelga.

Sin embargo, interpretó que tales hechos no encuadraban en el tipo penal aplicado sino dentro de figuras conminadas con penas más gravosas que no podían aplicarse (reformatio in pejus).

En tanto, precisó que el delito de compulsión a la huelga, al reprimir al obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelirlo a tomar parte en una huelga o boicot, requiere que la violencia ejercida por el autor sea física, quedando excluido todo otro medio de coacción que no represente el ejercicio de la vis física antes o durante el conflicto laboral -por ejemplo, la fuerza en las cosas, las amenazas o intimidación, aunque ésta sea mínima-, pero siempre que resulte capaz de producir el efecto buscado con la acción.

Al dejar sin efecto el fallo, el alto tribunal provincial consideró que lo expuesto en su texto “dejó demostrada una absurda interpretación de la ley” porque se contrapone al bloque constitucional y al alcance que debe darse al derecho de reunión, asociación y huelga, entendido este último como un derecho individual, en cuanto a sus titulares, y colectivo en cuanto a su ejercicio.

En suma, alegó que la violencia se acreditó debidamente pues se probó que los autores -instigados por Medina- entorpecieron la movilidad de los sujetos al coartar su libertad de trabajar, obligarlos a formar parte del grupo y no poder retirarse, todo lo cual encuadra en el tipo penal del art. 158 del CP, conforme lo establece la letra de la ley y la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional.

Hechos

Los hechos que se tuvieron por debidamente acreditados y que llegan incontrovertidos ante la Corte bonaerense ocurrieron en horas de la mañana del 30 de agosto de 2014, en el contexto de un reclamo gremial, cuando un número indeterminado de personas -obreros de la construcción y referentes sindicales-, de modo organizado y respondiendo con su accionar a órdenes impartidas o a la voluntad de quien ocupaba el cargo de secretario General de la delegación de La Plata de la Uocra, distribuidos en grupos conformados por aproximadamente 20 ó 30 personas, mediante el uso de amenazas e intimidación, bloquearon los ingresos e impidieron el acceso a los respectivos capataces y obreros en al menos cinco obras en construcción ubicadas en La Plata, pertenecientes a la empresa Abes Desarrolladoras de Negocios SRL, compeliéndolos a abandonar sus lugares de trabajo con el propósito de que participaran de la medida en contra de su voluntad.

La situación se mantuvo en el tiempo y se extendió a otras obras de la misma empresa, que se mantuvieron paralizadas “por la presencia intimidatoria” de los huelguistas, quienes llegaron a ingresar a los lugares de trabajo para impedir que quienes estaban laborando continuaran sus tareas, pese a que ya había tomado intervención la Delegación La Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El 6 de septiembre de 2017, el juez de Garantías que intervino en el bloqueo ordenó el cese del estado antijurídico y de todo acto de perturbación en la marcha de las obras.