La reducción de bonificaciones a empleados de EPEC es constitucional

Así lo dictaminó el fiscal general adjunto, Pablo Bustos. Advirtió que los fundamentos de la normativa impugnada se apoyan en el principio de solidaridad y justicia distributiva y que los beneficios de los que gozaban los trabajadores pueden variar en beneficio del interés general y la sustentabilidad del sistema

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba dictaminó a favor de la constitucionalidad de la ley provincial 10548 sancionada en 2018 , que redujo el porcentaje de bonificación en las tarifas de consumo de energía eléctrica para los empleados de la empresa provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Al dictaminar, el Fiscal Adjunto Pablo Bustos Fierro, consideró que no es viable tachar de inconstitucionalidad dicha ley provincial y tampoco resulta arbitraria.

En el dictamen al que accedió Comercio y Justicia , Bustos Fierro recordó que la subvención al consumo de electricidad otorgado en el año 1975 a los empleados de EPEC tuvo lugar en una coyuntura económica, política y social del país muy diferente a la actual, que se ha visto sustancialmente modificada

Para el funcionario judicial que esta bonificación no fue concebida a perpetuidad y puede verse imposibilitada , tornarse inviable de sostener, o ser necesariamente reajustada en su porcentaje, atento un momento económico crítico determinado, teniendo presente que es una empresa de naturaleza pública.

Paralelamente, el fiscal adjunto aclaró que aunque la institución en análisis sea resultado de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), el cual se asemeja a la declaración unilateral de la voluntad, propia de la esfera privada, los conceptos se mutan sustancialmente cuando se trasladan al ámbito estatal.

Por ello, es que concluyó que no resulta ajustado a la realidad jurídica objetiva, concluir que el texto de la ley 10548 importe una modificación unilateral y/o ilegítima del CCT, ni un avasallamiento de la autonomía colectiva. Y que, la normativa provincial en conflicto, ha sido dictada por los órganos legislativos provinciales, en ejercicio de facultades constitucionales propias.

Luego de este análisis inicial, advirtió que, las disposiciones de esta ley provincial están lejos de haber derogado y/o dejado totalmente sin efecto el beneficio de la rebaja tarifaria, puesto que como surge expresamente del texto de la ley cuestionada, se ha fijado un nuevo parámetro para el mentado beneficio, que la Legislatura ha establecido en 150 kw entendiendo que, en la actual coyuntura, constituye la pauta de razonabilidad del mismo.

Bustos Fierro, señaló que el fin de la norma es racionalizar, equilibrar y posibilitar la concesión del beneficio y/o bonificación - sobre el valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios – en un porcentaje razonable.

En este sentido afirmó q ue los fundamentos de la normativa impugnada se apoyan en el principio de solidaridad y justicia distributiva, a los fines de la sustentabilidad del sistema.

Es decir, que de be privilegiarse el interés público por encima de los intereses individuales. To do ello e n la medida que la restricción sea leve y se beneficie a un sector mayor más necesitado.

Así las cosas, concluyó que la decisión de la Legislatura Provincial no aparece como una medida de restricción arbitraria, sino más bien como una consecuencia ineludible en cuanto configura un gasto desconectado del pago de las necesidades estatales prioritarias y ligado a la imposibilidad de solventar aquellos servicios que indefectiblemente debe afrontar, trasladando por tanto, su costo al resto de los usuarios de la Provincia, lo que se torna abiertamente inequitativo en la actualidad.

Agregó que en el sistema Constitucional Argentino no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamenten su ejercicio (fallos l36:161). Y que es claro, que ello no implica cercenar el derecho irrevocablemente adquirido de acceder a la protección de los derechos constitucionales del trabajador, garantizados en todo el ordenamiento jurídico, sino de lo que se trata es de regular limitaciones razonables en pos del principio de solidaridad y de sustentabilidad del sistema.

Y que la s razones del legislador cordobés, de haber elegido reajustar el porcentaje de la bonificación, suponen una inteligencia que, en principio y salvo contraposición a la constitución, los jueces deben respeta r. “No es posible que en clave de derecho, busquen razones para sustituir las ponderaciones diseñadas estratégicamente, por quien detenta facultades legislativas”, plantea el dictamen.

Por ello afirmó, que en la medida en que no se vulnere el núcleo esencial del derecho y las características fundamentales en la adquisición del beneficio o bonificación bajo estudio, ciertas modalidades operativas pueden variar en beneficio del interés general, de la solidaridad y la sustentabilidad del sistema.

Además, sostuvo que la ley N° 10.548 es plenamente aplicable a EPEC como Empresa Pública Estatal, entidad autárquica y/o como Empresa del Estado Provincial, no sólo porque está expresamente contenida y comprendida en la ley 8837, sino porque la provincia de Córdoba tiene jurisdicción sobre el servicio de energía eléctrica en todo el ámbito provincial.

DICTAMEN L N°: 410 AUTOS;CASSINA RAUL EDUARDO C/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)- ORDINARIO – HABERES –LABORAL – RECURSOS DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD Expte. N° 9117321”

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