La Provincia de Córdoba debe reincorporar a un agente afectado por un trastorno afectivo bipolar

En la medida cautelar el amparista expuso que fue despedido por sus inasistencias injustificadas y que éstas, tanto como su falta de justificación, se debieron a su enfermedad mental. El tribunal entendió que dejar sin empleo a una persona de tanta vulnerabilidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre su situación laboral, le produciría un daño de difícil reparación ulterior

La Cámara Contencioso-administrativa de 2ª Nominación de Córdoba hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un ex agente de la Administración Pública provincial, quien padece de la enfermedad mental trastorno afectivo bipolar, con trastornos psicóticos. El trabajador había sido cesanteado por la Provincia después incurrir en más de diez inasistencias injustificadas durante un año calendario.

El amparista esgrimía que no pudo asistir al trabajo ni cumplimentar los trámites para justificar sus inasistencias por razones de su cuadro de salud grave, lo que fue atendido por el tribunal que ordenó reincorporarlo y autorizó, sobre la base del dictamen pericial incorporado, una licencia por enfermedad por el máximo previsto y hasta tanto se dicte sentencia.

La jueza María Inés Ortiz analizó la medida cautelar solicitada y señaló que en el juicio meramente provisional, propio de la decisión dictada en la fase cautelar, el acto cuestionado se presenta como susceptible de ser interpretado en un sentido que podría tener aptitud para comprometer los derechos del amparista.

Asimismo, la cámara destacó el peligro en la demora ante posible agravio de muy dificultosa reparación ulterior, lo que ocurre respecto de la extinción de una relación de empleo público, cuyo titular contaba con estabilidad absoluta dispuesta por la Administración pública, en condiciones que, prima facie, son susceptibles de afectar derechos fundamentales de naturaleza alimentaria y ponen en juego posibles lesiones de otras garantías esenciales.

Cobertura

En ese sentido, la decisión sostuvo que no es posible desconocer que, para el amparista, además del cese en la percepción de haberes, la extinción del vínculo de empleo público le genera la pérdida de la cobertura de su obra social.

De igual modo, la magistrada subrayó que lo dispuesto por la Administración pública, en principio, contraría las disposiciones constitucionales y la preferente tutela de la que gozan las personas en situación de vulnerabilidad, en tanto el acto de cesantía de una persona que padece una enfermedad mental tiene el efecto jurídico directo de privarla de su fuente de trabajo, en la cual goza de estabilidad conforme lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sin que pudiera justificar su desconocimiento acerca de las dificultades que padece el amparista y que le impedían una cabal comprensión de su entorno.

Por ello, en virtud de las premisas antes expuestas, en el fallo se resolvió hacer lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, disponer que la administración demandada arbitre lo conducente para restablecer al actor en el cargo de revista al momento de disponer su cesantía, así como autorizar a favor del actor, sobre la base del dictamen pericial incorporado a esta causa, una licencia por enfermedad acorde a la valoración médica legal.