ESCUCHARLa empresa periodística La Arena SA denunció que el Estado dejó de facilitar el acceso a la información sobre delitos, accidentes y otros sucesos. El juez admitió su planteo y ordenó que se revierta la situación.
“La libertad amplia de acceso a las fuentes donde figuran las noticias debe ser la regla”. Bajo esa premisa, la Justicia de La Pampa admitió la acción de amparo presentada por una empresa periodística y le ordenó al gobierno provincial que otorgue información pública sobre sucesos policiales, para la difusión de hechos e investigaciones penales.
La causa la generó la firma La Arena SA, que pidió que se le ordenara a la Provincia a liberar datos.
La actora narró que obtiene información “desde siempre” de parte de los oficiales de policía en lo atinente a los delitos cometidos en el ámbito provincial y sobre accidentes de tránsito y que, incluso, la fuerza se encargaba de emitir periódicamente boletines de prensa en los que detallaba las novedades de las actuaciones en curso.
Sin embargo, la amparista expresó que desde la asunción de las nuevas autoridades en la jurisdicción se produjo un “abrupto corte en el flujo de información policial” y que las distintas reparticiones le indicaron que debía acudir directamente a la Jefatura de Policía.
No obstante, señaló que las consultas que le hizo a ese organismo no dieron frutos.
Tras analizar el caso, el titular del Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería reconoció en cabeza de la empresa su derecho al acceso a la información de carácter policial que el Estado pampeano administra, en función del derecho humano y constitucional de libertad de expresión que le asiste.
Asimismo, el magistrado afirmó que La Arena SA estaba legitimada para iniciar la acción en representación de un interés individual pero también colectivo o difuso, que involucra tanto a sus periodistas como al pueblo de la provincia de La Pampa, en general, que es el derecho a tomar conocimiento de datos gubernamentales.
“El acceso a la información pública constituye un pilar fundamental del sistema republicano de gobierno”, destacó, recordando que aquél pone de manifiesto la facultad que tienen los ciudadanos de tomar contacto con todo tipo de datos en entidades públicas o que reciban fondos del Estado.
En esa dirección, plasmó que esa garantía implica la consecuente obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquiera la identificación y la llegada a la información solicitada.
“La libertad amplia de acceso a las fuentes donde figuran las noticias debe ser la regla y dentro del sistema republicano de gobierno, todos los actos del gobierno y toda la información derivada de cada una de sus dependencias deben ser comunicados a la opinión pública para que la sociedad pueda tomar conocimiento de diversos acontecimientos”, concluyó el sentenciante.
