ESCUCHAREl procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y la fundadora y presidenta de la asociación civil Usina de Justicia, la filósofa Diana Cohen Agrest, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Académica.
Se selló en el marco de un proceso de profesionalización del Ministerio Público Fiscal (MPF), para promocionar y consolidar iniciativas en pos de la capacitación en temas de interés para el organismo.
La Procuración General de la Nación (PGN) y la ONG se comprometieron a motorizar acciones que fomenten, según informó el organismo que conduce Casal, “la mutua complementación y colaboración académica” que “contribuya a sus respectivos desarrollos institucionales”.
El documento -protocolizado por resolución 6/24- establece que se firmarán acuerdos específicos para la ejecución de actividades. y designó al secretario de Disciplinaria y Técnica de la PGN, Juan Manuel Casanovas, y a María Jimena Molina, por Usina de Justicia, para coordinar y supervisar la implementación de lo convenido.
OEA
En junio de 2015, Usina de Justicia y otras ONG impugnaron ante la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) la candidatura de Eugenio Zaffaroni a miembro de la CorteIDH.
En los argumentos de la nota que enviaron a Washington consignaron que Zaffaroni integraba “una lista de 437 jueces que oficiaron de cómplices de la dictadura”, elaborada por Madres de Plaza de Mayo.
“De pasado comprometedor, Zaffaroni juró por los estatutos de dos dictaduras”, enfatizó, y sumó: “Jamás firmó un hábeas corpus que hubiese permitido salvar una vida durante la dictadura”.
Sostuvo además que “el historial de Zaffaroni como juez en ejercicio está plagado de fallos aberrantes” y citó su postura en el juicio a un encargado de un edificio que forzó a una niña de siete años a una fellatio, cuando adujo que la luz apagada era un atenuante. “En otro fallo escandaloso resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma blanca no es considerado delito porque ‘un cuchillo no es un arma”, agregó.
CorteIDH
Mientras el jurista se desempeñó en la CIDH Usina de Justicia lo fustigó por inmiscuirse en asuntos de política interna durante la Administración de Mauricio Macri e insistió con que no cumplía con los requisitos de independencia, imparcialidad y dignidad.
En sendas presentaciones, denunció que aunque la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad, Zaffaroni violó sistemáticamente ambas disposiciones desde que asumió.
Además, alegó que, si bien se supone que la CIDH debía ser integrada por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en materia de derechos humanos”, Zaffaroni fue nombrado juez penal por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró.
Cabe recordar que en enero de 2018, el ex cortesano expresó que esperaba que el gobierno de Macri se fuera “lo antes posible” y que no creía que llegara a 2019.
El por entonces ministro de Justicia Germán Garavano calificó como “antidemocráticos” y “desfortunados” los dichos y opinó que debía renunciar a la CIDH, sumándose a la lista de personas, grupos e instituciones que lo fustigaron.
El abogado Santiago Dupuy De Lome lo denunció por supuesta apología del delito e incitación a la violencia colectiva. En tanto, el Colegio de Abogados de la CABA le reclamó que dejara su puesto.
Los letrados argumentaron que sus palabras excedieron el ámbito de la libertad de expresión y opinión y que fueron contrarias a la democracia y a los valores republicanos.
En enero de 2021, a los 81 años, Zaffaroni anunció que no seguiría siendo juez de la Corte Interamericana. “No presentarme a la reelección es una decisión exclusivamente mía”, declaró.
En agosto del año pasado, el papa Francisco lo nombró en un flamante organismo vaticano sobre derechos sociales, migración y colonialismo, para el período 2023-2028.
Cárceles en pandemia
Para mayo de 2020, unos 1.400 internos del sistema bonaerense y 300 del federal ya habían accedido a la domiciliaria.
Usina de Justicia cuestionó judicialmente que se invocara la pandemia para otorgarlas “casi indiscriminadamente”, por sus consecuencias sociales y por la vulneración de derechos de las víctimas.
También exigió participar de los debates sobre temas carcelarios. Lo hizo al criticar a la titular del ahora extinto Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, quien en el marco de su función encabezó encuentros virtuales en los que se debatió cambiar el nombre del Servicio Penitenciario por el de “Servicio de cuidado y resguardo de personas en cumplimiento de la pena”.
Usina de Justicia acudió a su cuenta de la red social X (ex Twitter) para reclamar ser escuchada. “¿Cuándo será el día que dediquen tanta entidad y espacio de participación a las víctimas? Quisimos participar del encuentro abierto y fuimos censurados”, planteó.
“Buscan cambiar el nombre y generar empatía y preocupación por el estado lamentable de las unidades penitenciarias, pero no propone inversión y mejoras. La respuesta siempre es discursiva y propagandística. No hay un plan concreto”, agregó.
Usina de Justicia enmarcó la propuesta del Inadi en lo que definió como “eternos debates partidarios e ideológicos donde sólo cabe la obsecuencia” y “el Estado paga sueldos a militantes que no gestionan” mientras “hay familias enteras destruidas, una sociedad hundida en la decadencia moral y con la certeza de vivir en lo cíclico”.
Víctimas
“Somos una Asociación Civil que cree en la política de calidad y aborrece todo intento de marginación de las víctimas y oprimidos. Denunciamos todo acto de gobierno que busque favorecer a la impunidad en detrimento de los hombres y mujeres que tienen sueños nobles para su patria”, acotó.
En tanto, sostuvo que los argentinos naturalizaron que la política “sea un espacio de sordos donde no existe el sentido de la realidad”.
“Estamos inmersos en la era de la posverdad, donde todo se reduce a lo subjetivo, negando lo que es. Lo que es peor: es un nuevo totalitarismo que niega la estadística. En cada negación y en cada sangre derramada, estaremos presentes alzando el imprescindible valor de la Justicia”, concluyó.
Crisis
Al inicio de la crisis sanitaria, tras huelgas de hambre y motines para que se agilizara el análisis de pedidos de morigeraciones de encierro, el ex viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, negoció con los internos y renunció a aplicarles sanciones. Durante los siguientes días, más de 300 accedieron a la domiciliaria.
Las medidas se dieron en cumplimiento del fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que ordenó que se les otorgara el beneficio a personas vulnerables (mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes) o detenidas por delitos leves.
El procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, hizo declaraciones que generaron preocupación: dijo que no había certeza de que no se fueran a dar a la fuga, pero minimizó las consecuencias de esa posibilidad porque se trataba de detenidos por “delitos menores”.
La sentencia fue recurrida por el fiscal Carlos Altuve, quien cuestionó la forma como se implementó y denunció que no se indicó cómo evaluar qué es un delito leve, entre otras falencias.
La máxima instancia bonaerense revocó parcialmente el decisorio de la Casación y dispuso que los beneficios debían ser analizados caso por caso. “La mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal”, valoró.
Subrayó que ordenar con alcance general la domiciliaria para presos por delitos leves “suplantó sin razón” el necesario examen prudencial de los jueces y solo les dejó “el estrecho arbitrio de calificar el delito como grave o leve”.
No obstante, si bien revocó la “doctrina Violini” (por el vocal que emitió la sentencia, Víctor Violini), nada dijo sobre la vuelta a las cárceles de los presos ya beneficiados.
