ESCUCHARAdvirtieron de la necesidad de coordinación entre el ámbito federal y el provincial, así como la de capacitar a las fuerzas policiales. También se hizo referencia al problema de la violencia de género y la falta de aplicación del sistema acusatorio en el país
Los consejos federales de procuradores, fiscales, defensores y asesores generales alertaron sobre la ineficiencia del Poder Judicial para perseguir la narcocriminalidad en un comunicado que emitieron con motivo de las “XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos” que se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El comunicado abordó también otras cuestiones como la ciberdelincuencia, la lucha contra la violencia de género, la necesidad de implementar el sistema acusatorio, a la vez que hicieron una defensa de la independencia de los Ministerios Públicos.
Sobre la narcocriminalidad, los operadores judiciales advirtieron de que el Poder Judicial es ineficiente para perseguir este delito y , en ese marco, instaron a las autoridades nacionales y provinciales a “definir con urgencia la participación que los organismos de la justicia provincial y federal”.
“Consideramos óptimo el modelo que combina una intervención coordinada de la justicia federal y provincial, sea en el marco del actual sistema de desfederalización o en otros más flexibles que puedan surgir de una reforma legal”, remarcaron.
En ese sentido, se refirieron a la necesidad de gestionar el financiamiento necesario para luchar contra la narcocriminalidad y de capacitar a las fuerzas policiales.
“Entendemos, que mientras se mantenga en vigencia la ley 26052, las provincias adheridas al régimen allí previsto deben gestionar de manera conjunta el cumplimiento de la cláusula de financiamiento que impone dicha norma al Estado Nacional. Asimismo, señalamos la importancia de que se inicie un proceso de profesionalización y especialización de fuerzas policiales para la investigación del fenómeno de la narcocriminalidad, con amplia participación de conducción y control de los Ministerios Públicos Fiscales, que es la mejor forma de prevenir los efectos de la capacidad corruptora que ese fenómeno delictivo tiene sobre tales fuerzas”, indicaron.
El comunicado precisa que la única provincia que actualmente dispone de un modelo policial como el señalado es la de Córdoba.
Violencia de género y cibercriminalidad
El comunicado también hace referencia al flagelo de la violencia de género y la cibercriminalidad.
Los operadores judiciales llamaron a introducir reformas al Código Penal, sobre lo cual los consejos han formulado ya una propuesta al Ministerio de Justicia.
Para los especialistas, es necesario que se trabaje en la reformulación del abordaje judicial de la violencia de género, terminando con la tradicional modalidad de intervención dispersa de los fueros civil y penal actualmente existente.
También reclamaron un programa federal que promueva en todo el ámbito carcelario la aplicación de métodos de tratamiento de personas violentas para evitar la repetición de conductas delictivas y -por ende- una mejor protección de las víctimas, especialmente necesaria en un fenómeno en el que la reincidencia alcanza sus índices más elevados.
Para los consejos federales de procuradores, fiscales, defensores y asesores generales sólo con el sistema acusatorio “pueden adoptarse políticas de persecución penal que den satisfacción a una demanda legítima que en este aspecto hoy plantea la ciudadanía”.
Traspaso
En otro orden, llamaron a completar cuanto antes el traspaso de la Justicia Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, para la designación de jueces, fiscales, defensores y asesores y avanzar en relación a los códigos procesales, la cuestión presupuestaria y el diseño del sistema judicial.
Finalmente, sentaron postura sobre el funcionamiento del Ministerio Público: “Desaprobamos no sólo las maniobras que conlleven la finalidad de producir alteraciones en los planos de máxima jerarquía de los ministerios públicos, como así también los intentos de desmembrar parte de sus atribuciones esenciales para su funcionamiento autónomo, transfiriéndolas a otros organismos del Estado”.
