ESCUCHARDurante la jornada de hoy y la de mañana, en Gran Bretaña, el Tribunal Superior de Londres analizará el último recurso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de 52 años, para evitar su extradición a Estados Unidos.
Citando el mismo argumento que la defensa ventiló desde que EEUU requirió al reportero por graves cargos de espionaje, Stella Assange, su esposa, advirtió que su marido “morirá” si es extraditado.
El proceso que enfrenta Assange en el Reino Unido entró en su tramo final a mediados del año pasado, cuando su equipo legal presentó una nueva solicitud de apelación ante el Tribunal Superior de Londres, luego de perder un recurso similar. Si no tiene éxito, en Estados Unidos podría recibir una severa condena: concretamente, más de 170 años de cárcel.
Assange es requerido por publicar documentos clasificados en 2010 y 2011, que -según los fiscales estadounidenses- violaron la ley y pusieron en peligro vidas.
En 2022 la ex ministra del Interior británica del Gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange, refrendando la orden que dictó en junio de 2021 un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster. La decisión prácticamente agotó las vías del australiano para evitar un juicio en tribunales estadounidenses.
Desde hace años, la justicia de Estados Unidos busca enjuiciarlo por la difusión de documentos clasificados.
Para la administración del demócrata Joe Biden, Assange no es un periodista sino un pirata informático que puso en riesgo la integridad de informantes. Así, siguió la línea que mantuvo la de Donald Trump.
Cables
Los acusadores estadounidenses afirman que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó con un falso CD de la cantante Lady Gaga.
Manning fue detenida en 2010 y sentenciada a 35 años de prisión en 2013.
La ex soldado, llamada Bradley antes de hacer pública su transexualidad, es considerada una pieza clave de WikiLeaks: fue la primera gran fuente del portal de Assange. Pasó siete años en prisión hasta que el ex presidente Barack Obama le concedió un perdón. Luego volvió a la cárcel por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks y recuperó la libertad en 2020.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el caso es un ataque a las libertades de prensa y de expresión y al derecho a la información.
Por su parte, los letrados de Assange sostienen que no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, poco después de que WikiLeaks publicó 700 mil documentos, entre los cuales había un video en el que se veía cómo helicópteros de combate estadounidenses disparaban contra civiles en Irak, en 2007, y mataban a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de Reuters.
Fue detenido en abril de 2019, después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Se refugió allí en 2012, vulnerando las condiciones de la libertad bajo fianza impuestas por el Judicial inglés mientras examinaba una petición de extradición de Suecia, que lo reclamaba por delitos en contra de la integridad sexual, imputaciones que luego fueron desestimadas.
Assange vivió en la embajada hasta su detención, luego de que el ex presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le concedió su predecesor, Rafael Correa.
Parlamento
En abril de 2023, más de 30 miembros de ambas cámaras del Parlamento británico le reclamaron a Estados Unidos que deje de reclamar la extradición de Assange y que sea liberado y regrese a Australia, su país natal.
Opinaron que la extradición tendría “claramente un impacto escalofriante en el periodismo”; que sentaría “un precedente peligroso” para otros reporteros y medios de comunicación y que “socavaría la reputación de Estados Unidos en materia de libertad de expresión y Estado de derecho”.
Editores
Antes, en noviembre de 2022, editores y directores de medios que publicaron información filtrada por WikiLeaks pidieron en una carta abierta al Gobierno de Estados Unidos el fin de lo que definieron como “persecución”.
Representantes de The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País advirtieron de que la incriminación del hacker más famoso de la historia reciente es “un peligroso precedente” que amenaza con socavar la libertad de prensa.
Suicidio
A principios de 2021, la magistrada londinense Vanessa Baraitser se opuso al pedido de los fiscales estadounidenses citando los riesgos que suponen las cárceles de EEUU y el precario estado de salud mental de Assange, lo que, según estimó, podría darle “motivos para cometer suicido” por la “determinación obsesiva de su trastorno de espectro autista”.
No obstante, rechazó liberarlo bajo fianza. Al desestimar la posibilidad de que el periodista se trasladara a la vivienda de su pareja, con quien tiene dos hijos, la fiscalía puso de relieve que disponía de recursos para huir y citó la oferta de asilo político que le hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Siete meses después, el magistrado Timothy Holroyde objetó el informe que confirmó el presunto “riesgo de suicidio”.
