La Corte no intervendrá en el reclamo de un transexual contra el gobierno porteño

En primera y segunda instancias la Justicia estimó que la discriminación social que habría padecido la amparista por su condición no lograba consumar la precisión mínima para admitir al Estado local como titular pasivo de la relación jurídica. [privado] La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente para para entender en un amparo iniciado por una transexual que le reclamó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un subsidio “extraordinario y reparatorio” equivalente al salario mínimo vital y móvil. A su turno, la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo y Tributario de la CABA confirmó el rechazo de la demanda interpuesta por F. V., alegando que es irrazonable pretender una responsabilidad general del Estado apoyada, simplemente, en la existencia de una obligación de aquél en orden a evitar conductas disvaliosas y antijurídicas del conjunto social, cuando no se acredita, aunque sea de modo mínimo, que el daño provenga de su intervención directa. Ante el a quo la actora refirió que por su condición de “trans” sufrió discriminación y violencia institucional y que, además, no pudo educarse porque debió dejar la escuela a raíz del acoso y el maltrato que sufría. El juez de grado admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el accionado y señaló que F. V. no le imputó en forma concreta ninguna responsabilidad. Así, reseñó que si bien habló de situaciones de persecución familiar, social y escolar y de lo que definió como “enormes e insalvables impedimentos para acceder a un empleo digno”, ello no era suficiente para establecer el nexo causal de la acción entablada. En tanto, precisó que la única responsabilidad estatal que imputó en concreto era el presunto obrar dañoso del personal de las comisarías 1, 15, 19, 17 y 38, en virtud de las detenciones y violaciones que sufría por aplicación de lo establecido en los edictos policiales de la ciudad, aclarando que no demandó a ningún uniformado. Al apelar, F. V. estimó que el a quo tergiversó su pretensión y dijo que el objeto de su acción era que se le asignara un subsidio por la imposibilidad de ejercer “el plexo de derechos humanos que le garantizan los tratados internacionales”. También plasmó que la decisión del tribunal fue prematura, en la medida en que no se produjo prueba con relación a los derechos vulnerados y no se tomó en consideración que es parte de un grupo históricamente excluido y marginado ni que su situación personal es de “extrema vulnerabilidad”, ya que tiene 62 años, es portadora de VIH y carece de trabajo formal y cobertura de seguridad social. En esos términos, adujo que el gobierno de la CABA tenía “obligaciones reparatorias”. Actividad Sin embargo, la alzada avaló el fallo censurado y enfatizó que la discriminación que habría padecido la actora por su condición de transexual no lograba consumar la precisión mínima para admitir al Estado local como titular pasivo de la relación jurídica. “Al pretender una indemnización se impone la carga de individualizar claramente cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular”, acotó. En esa oportunidad, la Cámara explicó que la invocación genérica de los derechos humanos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo habitante exige individualizar los actos u omisiones que autoricen a razonar que, en el caso, el perjuicio alegado le es imputable al accionado, en la medida en que sin identificar acciones u omisiones concretas y sin exponer, siquiera en forma mínima, un nexo de causalidad adecuado con el daño argüido, no se puede sostener que aquél titularice la relación jurídica sustancial invocada. Ahora, la Corte recordó que no puede asumir su competencia originaria y exclusiva sobre una causa si el asunto no concierne a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, si no es parte una provincia o no se dan las circunstancias que legalmente lo habilitan. Sobre esa pautas, concluyó que no debía intervenir porque se trató de un caso en el que un particular demandó a la CABA, que no es una provincia. [/privado]

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