ESCUCHAREl partido liderado por Elisa Carrió sostiene que el grupo desvió fondos del Potenciar Trabajo a sus cooperativas mediante “convenios amañados”. Apuntó a dirigentes que son funcionarios públicos
La Coalición Cívica (CC) denunció al Movimiento Evita por asociación ilícita entre dirigentes y recordó que muchos son funcionarios públicos.
Sostiene que el grupo desvió fondos del Potenciar Trabajo (casi $4.000 millones) a sus cooperativas.
La fuerza fundada y presidida por Elisa Carrió alega que giró vía convenios amañados más de $3.000 millones a firmas de la economía social.
Recordó que los miembros de la presunta banda otorgan y controlan la gestión de la asistencia estatal por son quienes presentan las propuestas, aprueban los proyectos y relevan el destino de los fondos.
En esa línea, señala a la organización afín al oficialismo por desplegar una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo-”, para “financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”.
Sobre las maniobras que denunció, la CC planteó: “No solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido”.
El Potenciar Trabajo fue creado en marzo de 2020, durante la gestión de Daniel Arroyo. El padrón inicial de beneficiarios sumaba 554.628 titulares. Tres años después llegaron a 1.271.2158. El aumento en la nómina es 129,2%.
Es administrado por Emilio Pérsico, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, dependiente de la cartera que encabeza Victoria Tolosa Paz.
Unidad piquetera
Hace horas, la ministra confirmó que se darán de baja 85.000 titulares del Potenciar Trabajo.
Lo hizo mientras las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera (UP) llevan adelante un acampe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En declaraciones radiales, Tolosa Paz explicó que en virtud de los resultados de la validación la nómina bajará.
En diálogo con Urbana Play, habló del conflicto con UP y volvió a criticar a Eduardo Belliboni.
“Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir”, advirtió.
“Pasaron cuatro meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal”, sumó.
Además, afirmó que la Administración que integra no tiene “ninguna posibilidad ni voluntad política” de entregar más altas del Potenciar Trabajo, porque la posición tomada es “respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad”.
La ministra de Desarrollo Social denunció también que la UP de Belliboni le cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2% del salario social complementario. “Son nueve millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja. A mi me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero ya no solamente para marchar sino como una cuota social”, declaró.
Además, dijo que hay dirigentes del Polo Obrero (PO) que pertenecen a la UP y “desalientan” a los titulares del Potenciar Trabajo a anotarse en el programa “Volvé a Estudiar”.
“Mostrador”
En noviembre pasado, diputados nacionales de la CC pidieron investigar a Pérsico.
Presentaron un pedido de informes en Desarrollo Social a fin de que detallara el rol del líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones populares cuyos militantes cobran más planes.
Concretamente, pidió saber cómo se controlan los ingresos a los planes, quién los autoriza y a qué organizaciones pertenecen los más de 250.000 beneficiarios que registran incompatibilidades detectadas por el Fisco.
Los representantes de la CC aseguraron que Pérsico “está de los dos lados del mostrador” y apuntaron a que 253.184 titulares del Potenciar Trabajo cobraron aportes del Estado al menos durante seis meses pese a tener serias incompatibilidades, como comprar dólares y declarar bienes personales.
