ESCUCHAREstá acusados de los delitos de desobediencia a la autoridad durante el acuartelamiento del 3 y el 4 de diciembre últimos. Otros uniformados podrían correr la misma suerte.
La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva dispuesta en contra de 10 policías por los hechos que se suscitaron los días 3 y 4 de diciembre pasados, durante el acuartelamiento y huelga que concretó la policía provincial.
El tribunal, formado por los vocales Carlos Salazar, Eduardo Valdés y Ricardo Iriarte, ratificó por mayoría la medida, privativa de la libertad, dispuesta por el fiscal Raúl Garzón (Distrito III, Turno 7, de la ciudad de Córdoba), que ya había sido controlada por el juez Carlos Rodríguez.
A los policías les imputan la supuesta comisión de los «delitos de desobediencia a la autoridad e instigación» de los hechos que devinieron en robos y saqueos, según confirmaron esta tarde fuentes judiciales.
Si bien se trata de las primeras diez prisiones preventivas confirmadas por la Cámara de Acusación, como consecuencia de los recursos planteados por los defensores de los agentes, también hay en marcha causas que afectan a otros seis policías, también detenidos, así como a otras 50 personas.
En varias ocasiones, Garzón manifestó: «Como principales razones (de la prisión preventiva) tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico penal sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado».
De acuerdo con el fiscal, en el caso los policías «desoyeron las órdenes de sus jefes de turno de que debían retomar sus funciones e instigaron a los demás a que se sumaran a la desobediencia».
Las particulares circunstancias en que se produjeron estos hechos, según el funcionario judicial, hicieron que «se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común».
Por su parte, los saqueos, según el fiscal, se centraron en productos “de segunda y tercera necesidad” y, en ningún caso, se detectaron alimentos u otros de primera necesidad, por lo que “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión y, por ende, de cumplimiento efectivo”.
