ESCUCHAREl jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó públicamente que se retome la política migratoria de la Administración de Mauricio Macri y que se restituya el decreto que, en 2017, impuso más restricciones al ingreso de extranjeros al país y, además, preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió Jorge Macri en su cuenta de la red social X.
Citó el episodio de seguridad sucedido hace horas, cuando ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera.
Todos (dos chilenos y un colombiano) son extranjeros sin ciudadanía argentina. Intentaron darse a la fuga y durante la persecución se desprendieron de un bolso con 14 celulares.
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra ciudad no debe ser más el lugar al que se vienen a cometer delitos”, añadió el jefe de Gobierno de la CABA.
Luis Petri
La supresión del DNU 70 fue fustigada por la oposición.
A principio del 2021, al igual que otros dirigentes, el por entonces diputado nacional por la UCR Luis Petri cuestionó la derogación de la manda que, entre otras cosas, prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales.
El mendocino sostuvo que aunque el Gobierno de Alberto Fernández decía que luchaba contra la delincuencia, el hecho de “abrirle las puertas” fomentaba la inseguridad.
“No hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen”, añadió en actual titular de Defensa, y sostuvo que la decisión fue “gravísima”.
En esa línea, criticó otras medidas, como la liberación de presos y la “justificación de usurpaciones”.
“El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos”, planteó.
Poco más de un año después, el legislador Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley al respecto, luego de que 50 hinchas de Deportivo Cali fueran detenidos con armas blancas. Muchos tenían un ingreso irregular y fueron deportados.
Prerrogativa
Fundamentado que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, el decreto dictado por Mauricio Macri puso en marcha un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con agilidad. También planteó que había crecido la población carcelaria y que los procesos administrativos y judiciales eran muy largos.
La gestión de Fernández lo dejó sin efecto alegando que tenía medidas “irreconciliables” con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales y a las que cumplan condena o tengan antecedentes tanto en Argentina como el exterior por delitos que merezcan según las leyes locales penas privativas de libertad o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos” y lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
Aquélla se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o de promoción de la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.
