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La ADC calificó como “inadmisible” la avanzada del Gobierno sobre la Corte

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La Asociación por los Derechos Civiles se sumó a otros grupos que fustigaron la agenda oficialista y alertó que podría ocasionar reclamos contra la Argentina ante organismos internacionales

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) criticó la intención del Gobierno de Alberto Fernández de enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Suprema.

En un comunicado, el grupo definió como “inadmisible” buscar juzgar a los ministros de la máxima instancia por el tenor de sus sentencias.

En tanto, alertó que avanzar en este camino podría ocasionar reclamos contra la Argentina “ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos”.

La ADC fustigó que se pretenda remover de sus cargos a los magistrados de la Corte con argumentos que, principalmente, se basan en el contenido de sus decisorios.

Bajo esa premisa, el grupo que trabaja desde 1995 en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos en Argentina y América Latina consideró que es “incomprensible” que una de las razones que da el Gobierno para promover el juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda sea su reciente fallo en la causa por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que, según reseñó, “sigue fielmente” la jurisprudencia que se desarrolló bajo gobiernos anteriores.

Causal
“El disenso con las decisiones de los tribunales no puede ser causal de juicio político a menos que se cumpla con los estrictos requisitos del delito de prevaricato (artículo 269 del Código Penal), el cual requeriría que las autoridades judiciales competentes comprueben el ilícito”, enfatizó la ONG en el documento que difundió.

Además, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció “en una constante jurisprudencia” que “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado” tanto en su faceta institucional -esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema- como “en conexión con su vertiente individual”; es decir, con la persona del juez específico.

La organización recordó que el tribunal regional detalló que la dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el rol que cumple la función judicial en una democracia, y que, por ello, “trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad”.

“Existe una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad”, añadió.

En esa línea, concluyó que la promoción del juicio político por parte del Gobierno no es compatible con aquellos principios.

HRW
Recientemente, el informe anual de la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) sobre la actualidad de Argentina que resume los principales sucesos de 2022 en el país abordó la relación del Gobierno y la Justicia e hizo foco en el pedido del presidente de avanzar con el juicio político a los ministros de la Corte.

“En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, planteó HRW.

La ONG apuntó al proyecto de ley para avanzar con la ampliación del tribunal y consideró que el primer mandatario y sus aliados “introdujeron varias reformas al sistema de Justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales”.

Vicepresidente
HRW también citó las causas penales que involucran a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por su participación en hechos de corrupción mientras.

Con el título “Independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal”, HRW afirmó que altos funcionarios utilizan “una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.

En otro pasaje de su extenso trabajo, manifestó que autoridades de alto nivel, incluido el presidente, también atacan a “periodistas y medios independientes”.

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