ESCUCHARCinco empresarios marplatenses del transporte serán juzgados acusados de registrar como trabajadores a 357 personas, muchos de las cuales habían acercado currículum a las firmas que conducen los imputados en busca de empleo o bien habían prestado tareas sin registración.
El objetivo de los empresarios era inducir a error al Ministerio de Transporte de la Nación, para la entrega sistemática de subsidios por montos superiores a los que les correspondían por los meses de enero, febrero y marzo de 2016.
Cerrada la instrucción, la fiscala Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata, presentó el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de esa ciudad.
La representante del Ministerio Público Fiscal destacó en su acusación no sólo el cariz económico de la maniobra defraudatoria millonaria para las arcas del Estado nacional sino también el perjuicio que ello habría causado a las personas vulnerables que fueron inscriptas fraudulentamente como empleadas y que, por ello, dejaron de percibir asignaciones y beneficios sociales del Estado.
La Fiscalía consideró que necesariamente debían ser oídas en el marco del proceso, dadas las presentaciones que habían realizado oportunamente en el fuero ordinario en el que habían sido admitidas como particulares damnificadas.
La acusación recae sobre cinco empresarios -sobre un sexto acusado se solicitó la extinción de la acción penal por fallecimiento- en razón de que cada uno, en su rol vinculado con la dirección, gestión, administración y/o trabajo en las cuatro firmas de transporte público de pasajeros local, habrían tomado concreta intervención en la maniobra por medio de la cual se defraudó a la Administración pública nacional en el año 2016.
Para la Fiscalía, según los casi 150 elementos probatorios reunidos, los acusados habrían desplegado un ardid que consistía en inscribir ante distintos organismos públicos -especialmente ante la AFIP- a los supuestos trabajadores, para luego replicar su incorporación en el formulario 931 de ese organismo -una declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social- y en el listado de personal del informe de cumplimiento de condiciones, entre otra documentación presentada en el Ministerio de Transporte de la Nación.
De esa forma, habrían causado un perjuicio patrimonial millonario a la Administración pública, de más de 16 millones de pesos.
