Durante el año 2018, los 310 juzgados de Paz de Córdoba dictaron 4.959 medidas urgentes en casos de violencia familiar (ley 9283). Esto representa 37% del total de procedimientos desarrollados por estos órganos, que están distribuidos en todo el territorio provincial. En segundo lugar, se ubica la ratificación de sumarios penales (33%). Estos datos surgen de un informe confeccionado de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (OGEC).
A esta significativa labor de los jueces de Paz deben añadirse las tareas y los procedimientos vinculados con la materia contravencional, que ya fueron analizados en otro informe de la oficina.
Las localidades que dictaron más cantidad de medidas urgentes de violencia familiar fueron Villa Nueva, que dispuso 372 medidas; General Deheza (269), General Cabrera (247), Santa Rosa–El Durazno (185), Villa de Las Rosas (138), Villa General Belgrano (136) y Canals-Laboy (99).
“Los jueces de Paz son el rostro visible de la Justicia en numerosas zonas urbanas y rurales de la provincia. Ellos son quienes reciben las denuncias e intervienen en las urgencias por hechos de violencia acaecidos en sus territorios y toman -cuando corresponde- las medidas para proteger a las posibles víctimas. Están obligados a elevar los asuntos al órgano judicial correspondiente dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de los hechos, salvo incluso que la urgencia impusiera un plazo menor, razón por la cual el dato que emerge del diagnóstico adquiere relevancia”, señaló Carolina Granja, coordinadora de la OGEC.
Un indicador que merece subrayarse es que, en promedio, 74% de la totalidad de audiencias efectuadas por los juzgados de Paz finalizaron con acuerdo. El informe destaca el caso del departamento Juárez Celman, donde 92% de los casos culminaron con acuerdo. En tanto, en el departamento Roque Sáenz Peña las partes acordaron en 91% de las audiencias.
“La función central de la Justicia de Paz es actuar como amigables componedores y buscar superar las desavenencias y los conflictos, para así generar puentes que superen el desencuentro vecinal, familiar o comunitario”, expresó Ricardo De Toro, inspector de la Justicia de Paz.
La OGEC destacó que colaboran alineadamente con la actividad de los Juzgados de Paz distintos espacios del Poder Judicial de Córdoba: la Oficina de Asistencia y Control de la Justicia de Paz; el Ministerio Público Fiscal, que enlaza su actividad con la tarea de los ayudantes fiscales y la Policía de la Provincia; la Comisión Asesora que atiende las dudas normativas; y la OGEC que diagnostica y analiza el resultado de los relevamientos para impulsar buenas prácticas de labor en toda la provincia.