La jueza de Control en lo Penal Económico, Ana María Lucero Ofreddi, dispuso la elevación a juicio de la causa que se sigue por el vaciamiento de explotaciones comerciales y el trasvasamiento de actividades a Calzados Nico, decisión que alcanza a 14 personas, entre las que se encuentran socios (aparentes y ocultos), administradores, apoderados y asesores contables de diferentes sociedades que explotaban la mencionada marca y que, con dichas maniobras, eludieron el pago al Estado provincial de deudas tributarias.
La operatoria implicó la continuidad de la actividad comercial en una nueva sociedad a la cual se había traspasado la original, en infracción a la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio y en detrimento del principal acreedor de la firma, el Estado provincial.
La jueza sostuvo que era posible sostener la “coexistencia y sucesión en el ejercicio de la misma actividad comercial consistente en la venta de calzado al por menor, bajo el nombre de fantasía ‘Calzados Nico”, añadiendo que coincidían “los domicilios donde la actividad se despliega, los mismos empleados, y las vinculaciones entre los sujetos que ocupan cargos jerárquicos y que participan en diferentes roles en la nueva sociedad, con la misma gestión de cobro de sus acreencias y de transferencia de cobranzas entre una sociedad y otra, con idéntico asesoramiento contable, con la misma mercadería y bienes (traspasada por la anterior)”.
En la causa se acreditó que Rentas concretó cuatro fiscalizaciones en relación con las firmas contribuyentes Fenicia, Invercor (dos) y Shaya, de las que surgió que existían deudas a favor del Fisco, pero el cobro se vio frustrado por las maniobras de trasvasamiento empresario perpetradas por los imputados, ya que dos de las sociedades desaparecieron fácticamente y, en su lugar, comenzó a funcionar una nueva.
La magistrada entendió que tales acciones conformaron un “proceso de afectación”, que implicó la desaparición de la actividad comercial de cada sociedad, constituyendo un “trasvasamiento”.