ESCUCHARVía comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal fustigó que se convoque a judiciales para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de fallos o dictámenes que emitieron en causas en trámite
El pasado domingo, en su cuenta de la red social Twitter, la presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard (Frente de Todos), dijo que los jueces y fiscales que sean citados al Congreso en el marco del proceso contra la Corte Suprema están obligados a comparecer cuando son citados.
Además, advirtió de que quienes no testifiquen podrían afrontar “responsabilidades penales y políticas” y que se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos -el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) o el Ministerio Público Fiscal (MPF), según corresponda-.
La oficialista señaló que el artículo 12, inciso d, del reglamento de la comisión es “muy claro” respecto a que de los mencionados en el artículo 250 del Código Procesal Penal sólo se encuentran exceptuados en el juicio político el Presidente, el vicepresidente y los gobernadores.
Además, indicó que el artículo 63, inciso b de la ley de Ministerio Público Fiscal dispensa a los fiscales de declarar ante tribunales.
Reglamento
“El reglamento interno de la Comisión de Juicio Político regla el procedimiento de una norma constitucional, por lo tanto está por encima del Código Procesal Penal, que incluso se aplica supletoriamente al procedimiento constitucional previsto en el artículo 53 de la CN”, agregó.
Por lo pronto, el martes 7 de marzo el fiscal federal Carlos Stornelli debería acudir al Parlamento para hablar ante la Comisión de Juicio Político.
De momento, la presencia del funcionario judicial es una incógnita. Días atrás, el jefe de la bancada del partido gobernante en la Cámara Baja, Germán Martínez, opinó que “sería un papelón” que no acudiera.
La citación se concretó la semana pasada, en el marco de una audiencia en la que expusieron los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.
Como subrogante, Ramos archivó una denuncia por los supuestos chats filtrados entre Silvio Robles, vocero del titular de la Corte y del CMN, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro. Lo hizo a instancias de Stornelli.
Ramos fue sometido a un duro interrogatorio por parte del diputado Rodolfo Tailhade que según medios capitalinos causó malestar en Comodoro Py porque que los colegas del funcionario estiman que debió limitarse a enviar copias de la sentencia que dictó y no apersonarse en el Legislativo.
A diferencia de Gaillard, interpretan que un reglamento interno no puede estar por encima de una ley y, por eso, defienden su facultad de no concurrir.
A su turno, Ramos pidió que se lo relevara de declarar sobre puntos que están el fallo que suscribió. “No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo.
En tanto, sostuvo que no tenía relación ni con el director de la Corte, Robles, ni con D’Alessandro, y precisó que archivó el expediente con base en el dictamen de Stornelli.
Tras la declaración de Ramos, los legisladores del kirchnerismo en la comisión impusieron su mayoría y decidieron citar al fiscal.
En tanto, Ramos Padilla, quien se declaró incompetente y envió a Comodoro Py una denuncia similar contra Robles y D’Alessandro, denunció que la Justicia federal está “infiltrada” por servicios de inteligencia y que se realizan tareas de espionaje ilegal en connivencia con magistrados.
También citó una causa contra Stornelli que investigó cuando era juez federal de Dolores y terminó hablando de supuesto espionaje ilegal contra los “presos políticos” del kirchnerismo -entre ellos, Amado Boudou- condenado por corrupción.
Ramos Padilla dijo que durante la Administración del ex presidente Mauricio Macri “se usó el espionaje ilegal” en operaciones “que se montaron para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”.
Ante ello, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, sostuvo que esas intervenciones telefónicas “estaban autorizados por un juez”.
Hace horas, vía comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) criticó la citación de judiciales como testigos ante la Comisión de Juicio Político de Diputados “para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”.
La entidad agregó que las medidas se agravan porque se dan en el marco de un proceso “ajeno a sus personas”, en el cual se analiza el enjuiciamiento de los ministros de la Corte Suprema.
En el documento que difundió, la Affun resaltó que las decisiones que tomaron jueces y fiscales ya se encuentran sometidas a los controles recursivos y administrativos exigidos por el ordenamiento procesal vigente y recordó que hay un procedimiento “específico y diferente” para el cuestionamiento del desempeño de los magistrados.
“La citación en carácter de testigos, exigiendo que los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa no solo pueden traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”, sostuvo el grupo presidido por Ricardo Toranzos.
Bajo esa premisa, les pidió “a las autoridades parlamentarias en cuestión” que obren con “la mayor prudencia posible”; ello así, en atención a la gravedad institucional de los temas que deben tratar y “para evitar cualquier interpretación de injerencia indebida en perjuicio del principio de separación de poderes, que prohíbe asumir a los otros poderes del Estado, de manera indirecta, funciones jurisdiccionales”.
Defensa
“Este llamado de atención en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial; por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”, completó.
La Affun no es la primera entidad que se pronuncia sobre la citación de funcionarios judiciales para que declaren como testigos.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ya tomó posición y recordó que no corresponde explicar los fallos.
“Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó la asociación encabezada por Marcelo Gallo Tagle (presidente) y Marcelo Peluzzi (secretario General). “Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación ni los jueces sus decisiones”, sumó.
Paralelamente, resaltó que para las partes existen las herramientas recursivas correspondientes y también, eventualmente, las disciplinarias.
“Show”
En recientes declaraciones al medio Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil, el legislador y abogado constitucionalista Pablo Tonelli calificó como “show” el intento de juicio a los ministros de la Máxima Instancia y negó la posible aparición de nuevas pruebas.
“Si sometemos la Justicia a los deseos del poder político, se acaban las garantías para todos”, manifestó.
Consultado sobre el último encuentro de la Comisión de Juicio Político, en el que testificaron Ramos y Ramos Padilla, afirmó: “Fue una confirmación de lo que vengo diciendo desde el principio, en el sentido de que este no es un juicio político serio, sino que es un show del oficialismo para distraer a la opinión pública de los problemas reales y centrales que tiene el país, a los que no se le dedica ni un minuto para solucionarlos. Me refiero a la inflación, a la falta de seguridad y de trabajo”.
El diputado nacional opositor acotó: “Más allá de que no existan razones, los fundamentos del oficialismo son débiles y endebles. Además no hay números para avanzar. El oficialismo habló de la posible aparición de nuevas pruebas, ¿puede haber algo más? No, el otro día quedó muy en evidencia cómo los legisladores oficialistas se molestaban cuando los testigos no contestaban lo que ellos querían o lo que aspiraban a escuchar, y así fue como en algunos pasajes podemos hasta decir que maltrataron a algún testigo o quisieron presionarlo de manera indebida”. Tonelli planteó que a la fecha no hay justificación para iniciar una investigación contra los jueces del alto tribunal.
Bajo esa premisa, juzgó: “Lo único real detrás de todo esto es la disconformidad del Gobierno con algunas decisiones de la Corte, pero eso no justifica que se inicie este enjuiciamiento ni la eterna búsqueda de la impunidad de la vicepresidente y de tantísimos funcionarios kirchneristas que ya están condenados”.
“La impresión que tenemos es que el oficialismo quiere estirar este show porque le da cierto rédito y mantiene distraída a una parte de la opinión pública”, dijo también.
Según el diputado, todo va a terminar con un dictamen acusatorio, que el kirchnerismo va a aprobar con su mayoría de 16 en la comisión, y los otros 15 refrendarán uno de minoría, exculpatorio, y el día que vaya al recinto “se habrá terminado el intento de juicio”.
“El oficialismo se va a haber dado el gusto de maltratar a los jueces y embestir contra la justicia, lo que dejará un daño en las relaciones entre los poderes y en la concepción de la sociedad acerca de la Justicia, pero resultados concretos no habrá, el juicio no va a prosperar”, cerró.
