ESCUCHARLa investigación por presuntas irregularidades en comedores populares y supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones tendrá también un capítulo en la Justicia Electoral.
El portal Noticias Argentinas reportó que el juez federal Sebastián Casanello evalúa “extraer testimonios” y formular una nueva denuncia sobre la base de los contenidos de los chats aportados por cinco testigos, de los que se surge un llamado a votar en las últimas elecciones a candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Casanello ordenó peritajes en los teléfonos secuestrados durante los allanamientos del lunes, pero independientemente de eso cuenta con capturas de pantalla de chats en los que uno de los imputados, Gustavo Vásquez, llama a votar a la ex candidata a jefa de Gobierno Biasi. En al menos dos oportunidades, Vásquez arengó en un grupo de Whatsapp a que los beneficiarios de planes sociales y comedores votaran a Biasi e incluso les exigió que se sacaran fotos al momento de emitir sus sufragios.
Los delitos que están bajo la lupa de la Justicia son administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción.
El juez dispuso, además, incluir a cinco denunciantes en el programa de protección de testigos, a raíz de que sus nombres -que permanecían en el anonimato hasta que la Cámara Federal ordenó realizar los allanamientos- ahora son conocidos por todas las partes que ya designaron abogados y tienen acceso al expediente.
Esta semana, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal por incumplimiento de deberes y fraude a la Administración Pública, al verificar que casi la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia estatal no existen.
La cartera reiteró que no se controló la salida de alimentos destinados a sectores vulnerables. También expuso que no se relevó qué lugares iba la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían.
La Subsecretaria Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Gianni, aportó los nombres de los comedores “fantasma”; entre ellos, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos” y “Luz de Luna de Pereyra”. Según precisó el área, “no existían los domicilios declarados”.
En esa línea, indicó que de las auditorías surgió que de la totalidad de los establecimientos sólo se pudo relevar el 52,3%. “El Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales Argentina contra el hambre”, sumó.
“La falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control, so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”, expuso Capital Humano.
“Sin perjuicio que el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM) es un ‘registro’, lo cierto es que el Estado Nacional debería haber controlado sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en que estuvieron ‘matriculados’, pero nunca lo hizo, ya que no se verificaron actas labradas por los organismos estatales correspondientes a tal efecto”, agregó.
El RENACOM, creado en julio de 2020, quedó en manos de la dirigente de La Cámpora Laura Alonso.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, agregó la cartera que conduce Pettovello.
