ESCUCHARLas “redes de allegados” en los tribunales federales existen en todo el país y en la propia Corte Suprema. Una investigación periodística de Connectas y Chequeado consignó que al menos 46 de 114 magistrados federales de 14 provincias tienen familiares designados en sus juzgados o en otras dependencias.
La cifra surgió de un análisis de las planillas de personal de julio de 2024 publicadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación y por el máximo tribunal.
El trabajo se basó además en una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras fuentes.
El relevamiento de Connectas y Chequeado -sobre Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Formosa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego– precisó que los 89 familiares de jueces identificados se desempeñan en distintos peldaños de la carrera judicial y que 15 son secretarios.
En 2013, el Congreso sancionó la denominada “Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial”. Consultado al respecto por los autores del estudio, el doctor en derecho Alberto Binder, cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), afirmó que la Justicia Federal incumple la normativa, que establece que los empleos deben ser cubiertos por concurso.
“El nepotismo es ilegal porque existe una ley nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético”, sostuvo Binder.
En tanto, el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi opinó que el principal problema del nepotismo es que “desdibuja la carrera administrativa” y “termina generando conflictos hacia el interior de los juzgados por cuestiones que tienen que ver con los ascensos”.
Según Nardi, los integrantes de lo que definió como “familias de sangre y políticas”, en el sentido de “afinidad, y de padrinazgos y madrinazgos”, propician “carreras maratónicas” y generan “desigualdades enormes” dentro del Poder Judicial”.
Acordada 18/24
El relevamiento de Connectas y Chequeado recordó que la Corte visibilizó el tema recientemente en la acordada 18/24, del 17 de mayo pasado, sobre la creación de una nueva secretaría en el máximo tribunal.
En ella, Ricardo Lorenzetti indicó que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”. En minoría, el ministro sostuvo que hay que “concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”.
Sin embargo, la Corte nunca reglamentó la Ley de Ingreso Democrático, que ya tiene 11 años, un vacío que permitió que continuara, en general, la histórica designación de parientes sin evaluaciones objetivas de capacidades, a diferencia de lo que ocurrió en los ministerios públicos de la Nación.
Lista
La base de datos que estudiaron Connectas y Chequeado releva la lista de empleados de la Justicia federal en 14 provincias que integran siete circunscripciones judiciales: se trata de 3.601 cargos sobre un total de 19.847. En todas hallaron casos de magistrados con familiares nombrados en la misma circunscripción o en tribunales federales de otros distritos.
Aunque aclararon que no todos implican actos de nepotismo, postularon que el volumen sugiere la injerencia de los nexos familiares en la selección de nuevos empleados.
“En todo caso, del universo examinado surge un patrón: un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal son un buen ejemplo de esa tendencia: conforman el 48%, casi la mitad, de los 46 casos hallados”, reza la investigación.
En la Justicia federal de Córdoba, el trabajo detectó parientes con cargos vinculados a 12 de los 20 integrantes de la magistratura.
En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”.
En 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario, con el propósito de poner fin a los ingresos de familiares o allegados, pero nunca se aplicó por sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal.
Botín
Para Binder, una de las explicaciones de la persistencia del sistema de designaciones tiene que ver con los salarios. “Los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”, afirmó.
Para el abogado, ese “botín burocrático” incentiva “designaciones cruzadas”, que se concretan cuando dos jueces se devuelven el favor de nombrar los familiares del otro. Nardi también planteó que hay “retribuciones”.
Binde valoró que lo que prima en estas prácticas es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”, y sumó: “El nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.
(*) La autora del trabajo en cuyos extractos se basó esta nota es la periodista Irene Benito. En nombre de Connectas participó Leonardo Oliva y por Chequeado colaboraron Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Franco Piccato, Manuel Tarricone y Laura Zommer.
