Intiman a municipio a que otorgue tareas conforme a capacidad laboral

La Cámara 3ª en lo Contencioso-administrativo de Córdoba intimó a la Municipalidad de Estación General Paz a reincorporar a un agente comunal, dándole tareas acordes a su capacidad, conforme lo dictaminado por la junta médica.

El demandante -quien sufrió un accidente laboral y, como consecuencia, una serie de patologías médicas de larga duración- interpuso demanda a fin de obtener su reincorporación en un puesto de trabajo acorde a su condición física.

El tribunal de mérito hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la nulidad de las resoluciones contrarias al actor y ordenó reincorporarlo en alguna de las áreas de su dependencia, previa realización de una junta médica tendiente a determinar las condiciones del reintegro.

Contra tal resolución el municipio recurrió y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de casación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida.

En tal contexto, el trabajador inició ejecución de sentencia al haber transcurrido el plazo previsto para su cumplimiento, sin que la demandada acatara lo resuelto.

Seguidamente, el municipio acompañó informe médico laboral, en el cual se sugiere que el actor continúe con reposo laboral y recomendó iniciar trámite jubilatorio por incapacidad laboral.

En ese marco, la comuna dictó un nuevo acto administrativo disponiendo nuevamente la baja del accionante como empleado, alegando la inexistencia de tareas adecuadas para que ejerza el actor.

En ese escenario, la cámara integrada por las vocales María Martha del Pilar Angeloz y María Eugenia Acuña sostuvo que lo decidido por la Municipalidad de Estación General Paz por decreto N° 514/2024, al determinar nuevamente la baja del actor como empleado municipal, “ revela una absoluta y total inobservancia de las mandas judiciales que se encuentran firmes ” y reparó en que, conforme fue señalado precedentemente, “ el municipio demandado se encuentra obligado a reincorporar al accionante, previo procedimiento tendiente a determinar mediante Junta Médica si el actor se encuentra en condiciones de reintegrarse a sus tareas habituales, o en su caso el tipo de tareas adecuadas conforme a su incapacidad ”.

Cumplimiento

En el caso, se destacó que el acto administrativo dictado por la demandada, mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo ordenado en el punto II de la sentencia N° 15/2022 dictada por este Tribunal, “ a más de desconocer lo expresamente ordenado en tal pronunciamiento, luce totalmente huérfano de fundamentación; circunstancia que conlleva su nulidad (artículos 98 y 104 de la Ley N° 6658, aplicable por analogía) ”.

Así las cosas, el tribunal sostuvo que el informe médico acompañado por la accionada, que se erige en el principal fundamento del decreto N° 514/2024 que vuelve a disponer la baja del actor de la municipalidad demandada, “ carece de los extremos esenciales que, de manera obligatoria, deben estar presentes para constituirse en la opinión fundada de la ‘junta médica’ que ordenó realizar este Tribunal en la sentencia ”.

En esa dirección, el fallo apuntó que no sólo ha intervenido en dicho proceso una única profesional, sino que, como claramente puede observarse, “ no se encuentran allí consignadas las normas que fueron consideradas para llevar a cabo la evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez que porta el actor, método empleado para determinarlo, ni una exposición de las razones que justifiquen la sugerencia efectuada, a más de haberse solicitado estudios complementarios que no fueron ejecutado s”.

Reposo

Asimismo, la alzada destacó que, tal como fue expuesto por la autora del dictamen médico, “ sugirió que el actor continuara con reposo laboral y recomendó iniciar trámite jubilatorio por incapacidad laboral superior al 66% de la TO, subrayando que tampoco ha hecho uso el Municipio demandado de la opción prevista -sólo disponible para su parte- en el art. 52 in fine de la ley N° 7182, ante la circunstancia -en la que, dice, se encontraría- de imposibilidad de ejecutar la orden impartida por la justicia; sino que, acudiendo a la excusa -ya utilizada con anterioridad por parte de la accionada- de la supuesta ausencia de otras labores que sean adecuadas a la minusvalía del Sr. S., decidió su baja, desoyendo abiertamente los conceptos expuestos por el Superior, reseñados supra; lo cual no puede admitirse ”.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió declarar la nulidad del decreto N° 514/2024 y de todos los efectos que de dicha decisión hubieran devenido e intimar a la accionada al cumplimiento estricto de lo establecido por sentencia N° 15/2022 en los términos de lo dispuesto por el art. 51 de la ley del fuero, con costas.