Intereses sobre una condena no deben incluir IVA

“No corresponde incluir el IVA (impuesto al valor agregado) sobre intereses en sentencia, pues los intereses de condena no están contemplados en la ley que regula el tributo; siendo un hecho totalmente distinto al previsto por el artículo 5 inciso ‘b’ de la ley 23349; porque no puede de ninguna manera interpretarse que el reclamo judicial que aquí prospera sea una operación financiera normal entre la actora y el cliente y tampoco puede afirmarse que hayan sido incluidos por vía del decreto 2633/92 reglamentario”.
Con dichos argumentos, la jueza Gabriela Benítez de Baigorrí (50ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba) desestimó el pedido que Tarjeta Naranja SA formuló en ese sentido en el juicio promovido contra Valeria Soledad Ramos -que fue declarada rebelde en el pleito-, por lo que, si bien la sentencia hizo lugar al capital e intereses reclamados, se ordenó excluir de la condena el IVA sobre intereses judiciales.

Se determinó que las entidades de crédito “son agentes de retención del impuesto sobre las ventas y los intereses de financiación (…); pero nunca de intereses fijados en sentencia, en tanto ‘el contenido de la sentencia de trance y remate, donde se manda a pagar capital e intereses, constituye un supuesto de hecho totalmente distinto de lo previsto por el artículo 5, inciso ‘b’, apartado 7 de la ley 23349, texto según decreto 879/92, desde que el reclamo judicial no importa, ciertamente, una operación financiera normal entre el Banco y el cliente”.
Asimismo, se recordó que “el artículo 4 de la Constitución Nacional establece: ‘El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con (…) las demás contribuciones que equitativa y porporcionalmente a la población imponga el Congreso de la Nación’; agregando el artículo 17 que ‘“sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°’”.

En mérito a ello, se consideró que, “excediendo este marco, el Poder Ejecutivo, mediante decreto 2633/92, introdujo el artículo 10 en el texto ordenado de la reglamentación, por el cual se dispone: ‘los intereses originados en la financiación o el pago diferido o fuera de término, del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones, resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas”.

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