El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el juicio político de la jueza Rosa Parrilli por la causal de mal desempeño. El plenario del organismo confirmó el dictamen de la comisión de Acusación por siete votos a dos para que se inicie el proceso de destitución. Los dos restantes se manifestaron a favor de una sanción disciplinaria.
El juicio político quedará en manos de un jurado de enjuiciamiento integrado por nueve miembros (tres jueces, tres abogados y tres legisladores). Sus integrantes aún no fueron designados y surgirán de un sorteo de cada uno de los estamentos relacionados con el organismo, en un plazo de 90 días.
Antes de que el jury dé su veredicto, podría disponerse la suspensión de la magistrada en sus funciones.
Parrilli había intentado un descargo ante la comisión de Acusación del Consejo apelando a supuestos problemas personales y de salud para intentar justificar el escándalo del 15 de septiembre, cuando amenazó, agredió y discriminó a dos agentes de tránsito.
En esa presentación, de unas quince carillas, la jueza adjudicó su estado anímico del aquel día a su salud y problemas de su hija. También les pidió perdón a sus colegas, repitió que está “avergonzada” por el episodio y que quiere disculparse ante las dos chicas personalmente.
Como se recordará, el 15 de septiembre pasado una grúa levantó el auto de Parrilli porque estaba mal estacionado, en Rodríguez Peña al 400, de la Capital Federal. Cuando fue a buscarlo, llamó “tontas” a dos empleadas, dijo que nunca pagaba las multas y se quejó: “Todas morochas, ni una rubia contratan”.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y motivó el pedido de juicio político que presentó el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro.
Hasta ahora, la magistrada ha logrado eludir el juicio penal, aunque el fiscal apelaría durante esta semana con base en fallos recientes que afirman que la opinión del fiscal es vinculante.
En tal sentido, este lunes el juez Norberto Circo hizo lugar a un pedido de probation que había presentado su defensa. Así, deberá realizar tareas comunitarias en Caritas y entregar su registro de conducir durante un año y medio. No obstante, las dos jóvenes agredidas podrán realizar un juicio civil por daños y perjuicios.