Infancia en Deuda formuló recomendaciones para la Defensoría del Niño de la Nación

Las organizaciones que integran esa entidad se refirieron a la situación nutricional de menores en la provincia de Salta, a la conectividad y a la ESI, y le hicieron una propuesta al área que conduce la letrada Marisa Graham

Los grupos que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación , que encabeza Marisa Graham, e hicieron recomendaciones para el mejor funcionamiento de la institución.

Plantearon como tema urgente la “gravísima vulneración” de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta , resaltando que afecta en especial a infantes y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas con ella.

Continuidad educativa

IED también le reclamó a la defensoría que acompañe los reclamos de diversas organizaciones al Estado nacional y a las provincias para que se garanticen la continuidad educativa y el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED consideró que es fundamental que el área que conduce Graham inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes y que tome un rol activo en el proceso de derogación del decreto 22278, solicitando la adecuación de la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, pidió que se intensifique el trabajo articulado con los ministerios de Educación de la Nación y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles de educación obligatoria.

Crisis

“El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias”, señaló IED en su trabajo.

“Actualmente, según el Indec, casi 60% de las niñas y los niños del país vive en situación de pobreza y reside en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total; y 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”, añadió.

En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED manifestaron estar convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias y valoraron como positivos los esfuerzos realizados hasta la fecha.

“Actualmente, según el Indec, casi 60% de las niñas y los niños del país vive en situación de pobreza y reside en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total; y 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”.

(Del relevamiento de Infancia en Deuda)

Entre otros puntos, IED le pidió a la defensoría que se valga de las atribuciones de control más intensas previstas en la ley 26061 , a saber: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de aquéllos en las denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse.

A fin de que se logre el cumplimiento de las recomendaciones que la defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan las infancias y adolescencias, IED solicitó contar con mecanismos de control y de seguimiento que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; motorizar medidas en caso de que las recomendaciones no sean tomadas en cuenta e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables a todos los sistemas de protección locales de cada provincia.

Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de los relevamientos sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.

En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de caso; reforzar los canales federales de comunicación y adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.

“Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron”, puntualizó IED en ese sentido.