Indemnizan a penitenciario por secuelas psicológicas de un motín de presos

El agente se intercambió en reemplazo de otro rehén descompensado, sufriendo malos tratos y amenazas que lo afectaron emocionalmente, motivando con posterioridad su retiro definitivo

La Corte Suprema de Justicia de Salta hizo lugar al recurso de apelación de un ex trabajador penitenciario y ordenó a esa Provincia pagar por el daño que sufrió luego de ser rehén durante un motín.

La decisión fue asumida por el alto tribunal con los votos de los ministros Ernesto Samsón, Sergio Fabián Vittar, Horacio José Aguilar y María Alejandra Gauffin.

El hecho ocurrió en 2000, cuando se produjo un motín de reclusos en la Unidad Carcelaria 1 de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán. Durante la protesta, un agente del Servicio Penitenciario se ofreció a reemplazar a uno de los rehenes que se había descompensado, siendo luego objeto de malos tratos y amenazas que derivaron en secuelas psicológicas, que se agravaron posteriormente motivando su retiro definitivo.

Diagnóstico

Inicialmente se le diagnosticó una incapacidad de cinco por ciento por una reacción vivencial anormal neurótica, recomendando cambio de funciones y tareas que no implicaran contacto con internos, pero posteriormente otro hecho violento produjo un agravamiento del cuadro.

Al respecto, la junta médica que atendió su caso evaluó que “este mecanismo de nueva exposición y revivir momentos de angustia resulta idóneo y suficiente para gatillar el reagravamiento de la reacción vivencial anormal neurótica”.

El agente no recibió el beneficio establecido por la norma especial para las contingencias incapacitantes, por lo que inició demanda contra la Provincia de Salta.

En primera instancia se rechazó la responsabilidad de ese Estado por los daños sufridos por el actor, en su calidad de miembro del Servicio Penitenciario, en cumplimiento de misiones específicas de la función estatal de seguridad.

Revisión

Sin embargo, esta decisión fue revocada por el máximo tribunal de Salta, argumentando que “son numerosos los elementos que permiten tener por acreditado el daño alegado por el actor, con consecuencias perjudiciales principalmente en su esfera patrimonial”.

Según consta en la causa, el informe producido por Anses se determinó una incapacidad del 70 por ciento a los fines del otorgamiento del retiro por invalidez, mientras que el propio Servicio Penitenciario determinó en una junta médica con la aseguradora de riesgos del trabajo que la incapacidad era del 92 por ciento por “depresión reactiva severa, cuadro de fobia, rasgos paranoides secundarios, estrés postraumático” siendo de carácter permanente la imposibilidad de desempeñar tareas.

Los jueces destacaron la incidencia de las secuelas en la vida del damnificado y el “perjuicio patrimonial para la víctima o impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros”.