Indemnización por ley laboral y por ley de riesgos del trabajo

En el caso se definieron la fecha de ingreso y categoría de una enfermera y el grado de incapacidad que le ocasionaron las tareas de esa actividad .[privado]

En un pleito en el que se determinó la fecha real de ingreso y categoría laboral de una enfermera de rango superior y la incapacidad laboral que padeció como consecuencia de un accidente in itinere, la Sala 8ª de la Cámara del Trabajo condenó a Diaverum Argentina SA al pago de las diferencias indemnizatorias reclamadas y a Galeno ART SA, como absorbente de Mapfre Argentina ART SA, al pago de la prestación por incapacidad parcial, permanente y definitiva prevista en la ley 24557, conforme la pericia médica oficial.

El vocal Jorge Alberto Vega sostuvo que en el pleito debía determinarse si existen las diferencias alegadas por la actora Elba Hidalgo respecto de la liquidación final y las indemnizaciones que se le abonaran con motivo de la extinción del vínculo, como emergentes de una errónea fecha de ingreso y categorización profesional.

El vocal adujo que ello (lo planteado por la demandada) contradice la propia prueba documental aportada al proceso, de la que surge que fue la misma empleadora la que registró y reconoció la categoría jerárquica de Hidalgo

El fallo indicó que debía asimismo verificarse la incapacidad física y psíquica denunciadas y cuya causa atribuía a las tareas que desarrolló para la demandada, incluido el citado accidente in itinere.

Prueba

Después de la evaluación de la prueba, Vega determinó que la fecha de ingreso fue la denunciada por la actora, es decir el 1 de junio de 1984, en mérito a los recibos de haberes, “los que han encontrado contundente respaldo en los testimonios recibidos en la causa”.

Respecto de la categoría laboral , el juez indicó que la accionante había señalado que se desempeñaba como “supervisora de enfermería”, cargo jerárquico según el CCT, mientras que la demandada respondió que Hidalgo “siempre desempeñó tareas como enfermera en la primera categoría del CCT 108/75”.

El vocal adujo que ello contradice la propia prueba documental aportada al proceso, de la que surge que fue la misma empleadora la que registró y reconoció la categoría jerárquica de Hidalgo, precisando que en los recibos de haberes, hubo un período en que consta como “encargada” y otro como “supervisora de enfermería”, siendo registrada luego –sin justificativo alguno- como “enfermera” (es decir una categoría inferior), en una clara transgresión a lo normado en el artículo 12 de la LCT y 16 del CCT.

Respecto a la incapacidad laboral denunciada, el magistrado sostuvo que la actora ha hecho referencia, como causa de sus dolencias –además de las enfermedades profesionales- a un accidente in itinere que sufriera el 06.07.2009, respecto del cual –aduce- quedaron secuelas, que están incluidas en el certificado médico que acompaña a la demanda.

Sobre ello, la aseguradora Mapfre se limitó a negar la mecánica del accidente (no su producción) y la demandada Diaverum opuso prescripción. Así, el vocal expuso que lo sostenido por el seguro carecía de relevancia, “si se repara que –conforme surge de la pericial contable producida en autos- le brindó a la actora las prestaciones médicas que allí se indican, hasta otorgarle el alta, lo que importa la aceptación del siniestro”.

De tal suerte, el juez estableció que, si alguna secuela quedó de aquel accidente, ésta “debe considerarse subsumida en las enfermedades profesionales detectadas en la pericial médica producida en autos”.

Prescripciones

En cuanto a la falta de acción interpuesta por Diaverum Argentina SA, argumentando estar comprendida en las prescripciones de la ley 24557, habiendo dado cumplimiento a la contratación del seguro obligatorio impuesto por la norma a los empleadores, el vocal sostuvo que así ha sido constatado por la experta contable, quien adjuntó a su informe copia de la póliza 153159, contratada con Mapfre, con vigencia desde el 01.10.2010 al 30.09.2011, y certificado de prórroga hasta el 30.09.2013, lo que también fue informado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a través de su página web.

Si bien no surge de tales constancias la inclusión de la actora en la nómina de trabajadores cubiertos, el juez entendió que la existencia del contrato obliga a la aseguradora a otorgar las prestaciones, sin perjuicio de la acción de repetición que pueda ejercer contra la empleadora.