ESCUCHAREstán acusados por abuso de autoridad por el decreto complementario de la ley de
sinceramiento fiscal publicado el 30 de noviembre último. La disposición del Gobierno
había sido duramente cuestionada por oposición y aliados
El fiscal Guillermo Marijuan imputó ayer al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; por incluir mediante un decreto a familiares directos de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales. La causa está en poder del juez Ariel Lijo.
El fiscal acusa a Macri, Peña y Prat-Gay -los tres funcionarios que firmaron el decreto de blanqueo- por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles 30 de noviembre.
Cabe recordar que la decisión de modificar –cuatro meses después de haber promulgado su reglamentación– la ley de Sinceramiento Fiscal y habilitar el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios fue duramente cuestionada por todo el arco opositor y por los propios aliados de Cambiemos, como la UCR y la Coalición Cívica.
Concretamente, el decreto modificó la norma 27260 que, en su texto, establecía que quedaban afuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.
Tras conocerse la decisión del Gobierno, los diputados del FpV y de Libres del Sur presentaron una denuncia penal “por abuso de autoridad” contra los firmantes del decreto, en la que sostienen que la disposición “viola la voluntad expresa del legislador” y se abre la sospecha sobre la intención de favorecer a los funcionarios macristas y a sus familiares investigados por evasión mediante empresas offshore en paraísos fiscales.
Las críticas
El presidente de bloque del FpV, Héctor Recalde, había aseverado que la disposición firmada por Macri es “absolutamente inconstitucional” porque “va en contra del artículo 83 de la Ley de Blanqueo y viola la letra expresa de la ley. Un decreto no puede decir todo lo contrario a lo que dice la ley”.
“La maniobra utilizando un decreto simple es un ardid para eludir el control parlamentario de los actos impropios de un presidente de la Nación”, había dicho la diputada Diana Conti (FpV).
Por su parte, desde el FR, Felipe Solá definió como “muy grave” el decreto presidencial que “viola el espíritu de la ley” y constituye “una amnistía a un delito”. Y agregó: “El niño mimado quiere que su ‘papi’ pueda blanquear, porque si no es injusto, ésa es la verdad de la milanesa”.
Mientras tanto, ayer Peña dijo estar tranquilo y se defendió al sostener que “el decreto no modificó el espíritu de la ley”.
Lo que dice el Código Penal
El artículo 248 del Código Penal plantea textualmente: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
